Un reporte de la Relatora Especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), hecho público hace unas semanas, se inclina por reclamar un mayor uso de la escoba que remueva restos de municiones y contaminación por desechos tóxicos que aún yacen en los polígonos de tiro que Estados Unidos (EU) abandonó en Panamá.
Quien lea el reporte, y compare los alegatos de EU, con las "observaciones" finales de la Relatora, podría concluir que existe una distancia entre lo alegado por los estadounidenses sobre el alcance de lo limpiado y aquello considerado por el organismo de la ONU, sobre lo que resta.
El informe, fechado el 20 de marzo de este año y desplegado en unas cuatro páginas dedicadas al caso Panamá, se explaya mayormente en la reproducción de las versiones de Estados Unidos, primero, y en las alegaciones del pasado gobierno de Panamá, después.
"Como se observará, la utilización de contaminantes tóxicos en la zona del Canal ha sido mínima y sin efectos nocivos, ni sobre la población local ni sobre el medio ambiente", es uno de los alegatos de Estados Unidos, consignado en el informe de la Relatora de la ONU.
Se recoge además, de esa versión, que gracias a medidas adoptadas, "los riesgos potenciales han sido virtualmente eliminados en el 98 % de las tierras restituidas" y así, de los 353 mil acres que comprende la Zona del Canal, sólo el 2 % no podrá ser totalmente reaprovechado.
¿Contrasta ello con las "observaciones de la Relatora Especial" de la ONU? En la parte final del documento, esta funcionaria dice que las informaciones recibidas de diversas fuentes gubernamentales y no gubernamentales tienden a corroborar unas "alegaciones".
Estas "alegaciones", según el informe, serían que "aún quedan restos de municiones en una amplia zona del territorio panameño; la zona está contaminada además por desechos tóxicos que presentan riesgos reales para la salud y la vida de los panameños".
El informe de la Relatora de la ONU, identificado como el E/CN.4/2000/50, del 20 de marzo de 2000, comienza por exponer los hechos: "Se ha expresado preocupación acerca del retiro de las fuerzas armadas de Estados Unidos del Canal de Panamá".
"La preocupación se basa en el hecho de que Estados Unidos no está limpiando la zona de los desechos militares, tales como minas, gas tóxico y armas (que pueden causar problemas de salud a la población local)", sigue exponiendo la documentación.
Más adelante dice el informe del estamento de Naciones Unidas, que "según la fuente de información, las investigaciones han confirmado que 7,000 de las 17,000 hectáreas ocupadas por los militares se han calificado como zonas de gran riesgo".
"Hasta ahora las autoridades de Estados Unidos se han mostrado renuentes a limpiar los sitios contaminados, según lo estipulado en los Tratados de 1977, afirmando que no existen métodos apropiados para hacerlo", es otra parte de la introducción.
Se dice finalmente, en los párrafos dedicados a la "exposición de los hechos", que "además, se ha informado que municiones encontradas en las orillas del Canal han causado la muerte a 12 personas en los últimos 18 años".
Tras esa presentación del problema, el informe de la Relatora expone la "respuesta del Gobierno de Estados Unidos de América" y la "respuesta del Gobierno de Panamá", para terminar con un escueto párrafo presentado como "Observaciones de la Relatora Especial".
Esta última conclusión remacha así: "Las informaciones recibidas de diversas fuentes gubernamentales y no gubernamentales tienden a corroborar las alegaciones, según las cuales, aún quedan restos de municiones en una amplia zona del territorio panameño; esta zona está contaminada además por desechos tóxicos que presentan riesgos reales para la salud y la vida de las poblaciones. Además, la Relatora se propone seguir observando los esfuerzos que se hagan para resolver el problema.
Invita a los Gobiernos de Estados Unidos de América y de Panamá a proseguir el diálogo con miras a encontrar los métodos más adecuados para remediar la situación".