Oposición denuncia golpe civil en caso Pereira

Como un golpe civil calificó el Partido Arnulfista (PA) la decisión del presidente Martín Torrijos de remover del cargo al magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia, César Pereira Burgos.
En un comunicado, el PA expresó su alarma y preocupación por la ligereza con que se ha trastocado el orden constitucional, al intervenir el Ejecutivo en los asuntos internos de otro órgano del Estado.
Los arnulfistas consideran como dictatoriales los actos que atentan contra la democracia, y aseguran que la remoción de Pereira Burgos es autoritaria, hace peligrar la democracia y presagia confrontaciones políticas que el país no necesita.
La decisión asumida por Torrijos provocó que el Pleno de la Corte suspendiera su sesión de ayer ante el temor que sus actos puedan considerarse como ilegales, y sólo se prolongó por un período de 45 minutos.
Los magistrados decidieron suspender el acto ante la duda razonable que sus decisiones pudiesen ser declaradas ilegales, por llevar la firma de Pereira Burgos.
Poco antes del pleno convocado para las 10:00 a.m., Pereira Burgos fue notificado personalmente por un funcionario de la Presidencia de su cesantía por haber cumplido 75 años, como lo establece la Ley 61 de agosto de 1998 o Ley Faúndes.
Por su parte, el abogado José Salvador Muñoz, representante legal de Pereira Burgos, anunció que presentará un recurso de reconsideración contra la resolución emitida por el bbbConsejo de Gabinete y su suspensión.
Muñoz aseguró que la reconsideración será presentada en el término de cinco días establecido por la ley y que ello le permitirá a su cliente seguir en el cargo.
Dijo que de mantenerse la decisión del Consejo de Gabinete, luego presentará un amparo de garantías contra la orden emitida por el Ejecutivo.
También alegó que la decisión asumida por el Consejo de Gabinete viola la Constitución, ya que la Carta Magna establece que el período de los magistrados de la Corte es fijo.
Consideró que ninguna ley puede estar por encima de una norma constitucional y en este caso es clara la violación.
Sostuvo que la Corte nunca ha discutido la designación por períodos fijos de algunos funcionarios, que no pueden ser variados por una ley y menos por una resolución.
Expresó que la opinión de la Procuradora de la Administración (sobre la cual Torrijos se basó para sacar a Pereira Burgos) no es vinculante y que corresponderá a la Corte Suprema decidir la legalidad o no de esta acción.
En tanto, una fuente judicial informó a este diario que el destituido magistrado habría advertido que, en el evento de conocer alguno de sus recursos legales contra su remoción, recusaría a sus colegas Aníbal Salas, Arturo Hoyos y Rogelio Fábrega Zarak, por haberse opuesto a que él presidiera el Pleno de la Corte convocado ayer.
En la discusión sobre el hecho, sólo los magistrados Graciela Dixon y Alberto Cigarruista habrían apoyado la insistencia de Pereira Burgos en presidirlo.
Mientras que otros magistrados manifestaron que, en lo sucesivo, no firmarían ninguno de los proyectos de decisión preparados por Pereira Burgos, por considerarlo cesado en el cargo.
Otros, relataron que habían recibido llamadas de altos funcionarios del anterior gobierno de Mireya Moscoso, procurando influir su criterio.
En tanto, el ministro de la Presidencia, Ubaldino Real, comunicó ayer a la Asamblea Legislativa la decisión del Consejo de Gabinete de dejar vacante el puesto de Pereira Burgos.
Real informó también al Organo Legislativo, a través de una resolución, el nombramiento de la magistrada de Niñez y Adolescencia, Esmeralda de Troitiño, en reemplazo de Pereira Burgos.