La Comisión de Refugiado (ACNUR) en Panamá, está muy optimista de que la Asamblea Nacional otorgue la residencia a más de 300 refugiados de ciudadanía nicaragüense y salvadoreños de larga data, informó el Dr. José Euceda, representante del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los refugiados en Panamá.
La mayoría de estos refugiados tienen más de 25 años de residir en Panamá, muchos con hijos y hasta nietos, por lo que de alguna manera tienen derecho a ser ciudadanos panameños, destacó Euceda.
Las declaraciones del doctor José Euceda se dieron en el marco del Foro Nacional sobre Migración y Refugiado, actividad que agrupó a expertos en materia de migración y que fue auspiciado por el Instituto de Estudios Nacionales de la universidad de Panamá.
Según el alto comisionado de Naciones Unidas, los más de 300 refugiados se encuentran reubicados en las fronteras y en lugares como: Boca de Cupe, Puerto Obaldía, Jaqué, y son personas que comparten la pobrezas reinante en estos lugares.
Las estadísticas de la Coordinación de Migrantes y Refugiados en Panamá, señalan que la cifras de refugiados en frontera de nuestro país, son mínimas en comparación con otros países de la región, solamente se han registrado 828 refugiados.
El corregimiento de Pedregal tiene una población de 45 mil 801 habitantes, de los cuales 22 mil 853 son hombres y 22 mil 948 mujeres.
La comunidad de Rana de Oro es una de las más extensas.
Héctor Ellis, representante legal de la prestataria Servicios de Transporte Rana de Oro, S.A., nunca habló de deficiencias, mucho menos de un "mal servicio".
Inclusive dejaba claro que están bien organizados.
Como si él y los moradores vivieran en dos lugares distintos, adujo que no hay conflictos entre transportistas.
Lo que ocurre es que por problemas financieros, señaló el transportista, quieren despojarlo de la prestataria.
En el 2000, la prestataria adquirió 12 buses y su presidente no pagó doce letras de B/.12 mil cada una. Posteriormente la financiera secuestró.
El 19 de diciembre de 2005, la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) detuvo el servicio de la prestataria con una nota firmada por Miguel Martínez, director de Servicios de Transporte de la entidad.
El transportista mostró un documento, donde alegó que quieren meter 7 buses de un ciudadano de origen chino.
"Hay mucha corrupción, lamentablemente, hay demasiada corrupción en el Tránsito", denunció.
Sostuvo que una funcionaria en Asesoría, delante de su abogado, le dijo que la prestataria está cancelada.
En representación de la prestataria, la firma forense Simons&Asociados presentó, en junio, una denuncia administrativa contra varios funcionarios de la ATTT.
Desde entonces, Ellis dijo que hay persecución contra los transportistas.
"No hablamos por hablar tenemos documentos en la mano", indicó.
El Decreto Ejecutivo No.545 de 8 de octubre de 2003, que especifica la concesión de rutas, establece en su artículo 12 que la ATTT velará por el cumplimiento de los fines de la contratación.
Panamá América trató de conocer la versión de la ATTT, pero no fue posible.
De la oficina de Relaciones Públicas no hubo respuesta positiva.
Se nos facilitó el celular del funcionario Miguel Martínez, pero en dos días consecutivos se le dejó mensajes y no respondió.
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