El exprecandidato presidencial del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Alfredo Oranges, presentó ayer ante la Corte Suprema de Justicia una demanda por daños y perjuicio contra el Estado por la suma de B/.48 millones, por los inconvenientes ocasionados a su persona por las informaciones falsas vertidas a través de la Oficina de Interpol de la Policía Técnica Judicial (PTJ).
Oranges, acompañado de su abogado Luis Antonio Vásquez, presentó la demanda por los daños ocasionados las actuaciones, omisiones en el ejercicio de su cargo y órdenes giradas por el director de Interpol, Jorge Motley Allen.
De acuerdo con Oranges, estos actos constituyen una desviación de poder por haber sido realizados de manera contraria a los preceptos legales vigentes, durante el tiempo en que Motley fungió como servidor en la PTJ.
Planteó que las actuaciones de Motley le ocasionaron daños y perjuicios que le impidieron obtener la nominación como candidato presidencial del PRD para las elecciones realizadas en mayo de 1999 y como consecuencia de ello se vio impedido de aspirar al solio presidencial.
También sostuvo que estos actos constituyeron una afrenta moral a la reputación decoro, dignidad, imagen, prestigio nacional e internacional como ciudadano y hombre público. Además, a la de su condición de promotor de inversiones internacionales.
Alegó que las informaciones falsas enviadas a través de Interpol Panamá sirvieron para involucrarlo y procesarlo penalmente dentro de la denominada "Operación Malochio" realizada por las autoridades italianas, de las que finalmente quedó desvinculado al ejercer su derecho a la defensa.
Por otra parte estableció que como consecuencia de las acciones ejecutadas por Interpol Panamá, el Estado panameño es responsable de los daños y perjuicios, materiales y morales ocasionados por Jorge Motley, quien se encontraba al frente de esa oficina en ese momento.
Durante la administración de Alejandro Moncada como director de la PTJ se abrió una investigación contra Alfredo Oranges por su presunta vinculación a una red de lavadores de dinero detenidos en Italia, pero el Ministerio Público nunca formuló cargos en su contra.
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