La orden para que unidades antidisturbios dispersaran a los funcionarios administrativos de la Caja de Seguro Social utilizando gases lacrimógenos, que afectaron a varios niños que se encontraban en un centro parvulario del Complejo Metropolitano, fue hecha por el ministro de Gobierno y Justicia, Arnulfo Escalona Avila, desde Washington.
El titular de Gobierno, en una entrevista transmitida por RPC Radio, aseguró haber dado órdenes al subcomisionado Alvin Santana, director encargado de la Policía Nacional, para que hiciera cumplir las normas penales que prohíben los cierres de calles.
"Cuando cierran las vías públicas se afecta a terceros, y antes de partir hacia Washington, di órdenes claras al subcomisionado para que cualquier tipo de violación a la norma se castigara a los responsables", dijo Escalona.
"Hoy (ayer miércoles) se me consultó acerca del cierre que efectuaron los administrativos de la CSS, y ordenamos despejar la calle y que se arrestara a los funcionarios que estaban violentando los derechos constitucionales", expresó.
El ministro agregó que por medio de una conversación con el contralor Alvin Weeden, los dirigentes administrativos hicieron la solicitud para que la presidenta Mireya Moscoso, concediera la libertad de los manifestantes arrestados.
"Impartimos funciones para que entregaran a los detenidos, sin embargo, responsabilizo a los funcionarios de los daños causados a terceros", puntualizó.
Enfatizó que no se permitirá que sigan los cierres de calles, porque causan enormes tranques perjudicando a terceros. "Vivimos en un estado de derecho que cada quien puede protestar dentro de la ley, pero no se permitirá que se afecten los derechos y deberes constitucionales", dijo.
Los funcionarios mantuvieron ayer la vía cerrada desde tempranas horas de la mañana, exigiendo a la Junta Directiva de la CSS que aprueba un crédito extraordinario de 29.9 millones de dólares para el funcionamiento de la institución.
Sobre el tema, la mandataria Mireya Moscoso expresó que en la mañana de ayer conversó con el contralor de la nación, quien le aseguró que existen los fondos en la propia entidad de salud para realizar un traslado de partida, pero que Juan Jované, director de la CSS, insiste en la aprobación del crédito.
Comunicó que en el día de hoy el contralor Alvin Weeden se reunirá con los representantes de la Junta Directiva de la CSS, y que les reiterará la alternativa de efectuar el traslado de partida.
Rehusó opinar sobre la solicitud de los empresarios de separar del cargo al actual director de la CSS, y sólo dijo que esa es una decisión de la Junta Directiva y que no se inmiscuirá en ese tema.
Reiteró que durante su campaña prometió que la CSS no sería privatizada y que lo cumplirá. "Esta es una institución que mi esposo dejó y será respetada", dijo. "Lo más peligroso es que si la Caja cae igualmente ocurrirá con la economía panameña y todos debemos contribuir para que no suceda", concluyó la mandataria.
Sobre el tema de la licitación de la casa de Punta Mala, dijo que no tocaría el tema, yo creo que el tema más importante es el TLC, que es el que va a ayudar a dar seguridad, terminará con la pobreza.
En cuanto a la licitación de la casa de Punta Mala, que se la adjudicó su hermano Franklin Moscoso, no opinó porque según dijo existen temas más importantes por tratar.
Por su parte, el viceministro de Economía, Domingo Latorraca, aclaró que se abstuvieron de votar en la reunión de Junta Directiva para dar la oportunidad de que la propuesta se vuelva a discutir.
Latorraca cuestionó el hecho de que la administración de la CSS haya presentado un programa de contención que no alcanza ni el uno por ciento del presupuesto de la institución.
Precisó que durante los tres primeros meses del año la CSS presenta un déficit de B/.11 millones y la planilla administrativa sigue aumentando.
Algunos de los cuestionamientos de la Contraloría de la República presentados mediante un informe al presupuesto del Seguro Social son que al 31 de diciembre de 2001, el estado de resultados muestra una utilidad por B/.72,264,246 y al 31 de diciembre de 2002, refleja una pérdida de B/.18,554,363.
El inicio de las pérdidas se observan reflejadas en los Estados financieros al mes de marzo del 2002, por un monto de B/.1,308,000.
Mientras que para marzo del presente año está pérdida está en B/.11,171,000 lo que demuestra un incremento de B/.9,863,000 en las pérdidas financieras al comparar marzo de 2002 con el 2003.
Sustentó que existen cuentas por pagar no registradas por un monto de B/.4,763,42, éstas incluyen entre otras operaciones, B/.1,526,836 de cuentas por pagar servicios internacionales; B/.613,982, hospedaje y alimentación; B/.381,674, servicios básicos; B/.66,327, arrendamiento y B/.2,174,609 pago a proveedores. También existen compromisos solicitados a través de reservas por más de B/.23 millones correspondientes a gastos de inversión y funcionamiento del período 2002, que no han sido reflejados.
El análisis de los auxiliares señala que la cuenta de equipo rodante incluye registros duplicados por la suma de B/.376,931.00 y omisión de registros por B/.174,849.
Los registros activos fijos presentan diferencias entre registros de contabilidad y el control de estos bienes por la suma de B/.50,345.480 donde los registros contables mantienen el mayor valor, afectando las estimaciones de las depreciaciones correspondientes a este rubro y la confiabilidad de la cuenta de activo fijo en los estados financieros.
Tanto Weeden como Latorraca plantearon que existe una "seria crisis" en la Caja de Seguro Social que debe ser atendida cuanto antes por su administración.
Otras de las irregularidades denunciadas por la Contraloría de la República es que existen cuentas canceladas desde 1998 por B/.15,522.07, que aún aparecen pendientes de pago.
Detalla que las cuentas por cobrar patronales a septiembre del 2002, que asciende a B/.49,194,104, incluye B/.13,960,410 en saldos créditos no usuales, que se originan por omisión de registros (se registra el pago de la deuda, sin haber registrado la cuenta por cobrar que sustenta el arreglo o convenio de pago) o por errores de captura. Esto afecta los saldos a diciembre del 2002.
Las principales fallas que enumera la Contraloría en el Seguro Social son cuentas omitidas, ya sea pagadas o no pagadas, diferencias en inventarios físicos, falta de registros en bienes patrimoniales, registros duplicados, entre otras.
