La Fiscalía Primera Anticorrupción ordenó el arresto de una funcionaria de la Asamblea Legislativa dentro de la investigación en la denuncia por peculado presentada por la Contraloría por el supuesto nombramiento de "botellas" que pudieron ocasionar una lesión patrimonial por B/.30,000 durante la administración de Enrique Garrido.
Una fuente del Ministerio Público confirmó que la pasada semana la Fiscalía Anticorrupción giró una orden de arresto contra una funcionaria de la Asamblea, quien presuntamente tenía relación directa con los nombramientos.
Precisó que la Contraloría presentó una denuncia por irregularidades en el manejo, firma y pagos de contratos de servicios profesionales durante la administración del legislador Enrique Garrido.
También la Dirección de Responsabilidad Patrimonial (DRP) mantiene un sumario abierto por la presunta comisión de lesiones patrimoniales contra el Estado, que incluye investigaciones del 1 de enero del 2000 al 31 de agosto de ese mismo año.
No obstante, se explicó que las pesquisas no están directamente orientadas contra el ex presidente de la Asamblea Legislativa, Enrique Garrido, sino contra una serie de funcionarios a cuyo nombre existían una serie de contratos, a quienes se les hacía una serie de pagos mensuales. Sin embargo, los cheques fueron retirados, en su mayoría, por una funcionaria de apellido Rodríguez.
Según las sumarias, Rodríguez aparece como posible responsable de estas transacciones, debido a que los contratos fueron firmados en su residencia y las personas beneficiadas están íntimamente ligadas con ella.
Dentro de la investigación realizada por la fiscal primera Anticorrupción, Cecilia López, varios de los cheques fueron cobrados y hechos efectivos en el Banco Nacional de Panamá (BNP), en donde se logró ubicar los nombres de las personas favorecidas con ellos.
Trascendió que se podrían ordenar más detenciones dentro de esta investigación, tras determinar que varias personas cobraron los cheques sin haber laborado.
Resulta que la administración de Pérez Balladares estableció una política de baja de aranceles, que causó una severa crisis al sector primario, porque no existían puntos de referencias firmes para que el sector empresarial pudiera definir una estrategia firme de desarrollo o acción.
222 Atrasos en trámites de importaciones, la mancha blanca y conflictos entre los porcinocultores y los industriales, jalonaron el desarrollo del primer trienio.
Este cambio de aranceles en 1999 -no para todos los rubros-, tuvo la intención de estabilizar inicialmente el sector agropecuario, que a la postre se complementa con la Ley 26 de incentivos industriales. Mientras que la Ley 24, que busca la protección de los productores por inclemencias del tiempo y caída del precio, ha sido fuertemente denunciada por productores de arroz, caso que llegó a la Contraloría General de la República, cuyo informe final permanece en el sueño eterno.
En este caso, la Contraloría General de la República ordenó el áudito general en el ámbito nacional para conocer las irregularidades que se produjeron por la confección de las listas de parte de las autoridades estatales.
Mientras que la Ley 25 de transformación agropecuaria ha sido menos criticada, y pretende generalizar la transformación de una gran cantidad de rubros, que permita la preparación del agricultor para la inminente apertura de mercado. Además la preparación tecnológica que le permita competir en el mercado internacional.
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