El procurador José Antonio Sossa ordenó la apertura de una investigación para determinar la falsificación de una condena impuesta a un reo y que se presume fue alterada en el trámite de notificación al centro penitenciario.
La investigación se inició cuando la jueza segunda penal, María Luisa Estrada de Villar, presentó una denuncia tras detectar que una condena de 60 meses impuesta a un reo sindicado por delito contra el patrimonio, fue reducida ilegalmente a 40 meses.
El procurador reveló que presentará un recurso de inconstitucionalidad contra la ley que reforma el sistema penitenciario, en donde se le permite a la Dirección del Sistema Penitenciario otorgar permisos de trabajo, estudio y especiales a los detenidos.
Sostuvo que si los reporteros condenados recurren a una instancia superior, en este caso la Corte, Spadafora tendría que declararse impedido, pero su suplente lógicamente fallará a favor de su jefe, que es la parte interesada.
"Yo creo que aquí los periodistas panameños tendrán que ir hasta el final para entonces encontrar justicia en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, porque en este país para nosotros hay persecución, para los periodistas no hay justicia", manifestó.
Por su parte, la legisladora perredista, Balbina Herrera, consideró que a los que en realidad deben condenar se mantienen libres en las calles; éstos son los llamados "ladrones de cuello blanco, para ésos no hay justicia, pero para la gente que se faja todos los días, sí".
Sostuvo que las cosas que se escriben hay que sustentarlas, pero que en el caso donde se acusó a los periodistas de La Prensa y El Panamá América, se evidenció que la carretera se construía como se plasmó en la nota periodística.
"La calle está hecha y si la situación se da, no puede haber calumnia cuando la verdad no está oculta, lo que me parece es que la carretera existe y pasa por la finca de las personas, eso es lo más importante".
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