Un fallo de la Corte Suprema de Justicia ordenó el reintegro del destituido fiscal quinto de circuito, Giovanni Olmos y el pago de los honorarios dejados de percibir desde abril de 2005.
Olmos fue destituido del cargo en abril del 2005, tras un proceso administrativo en donde se le acusaba del manejo irregular de vehículos asignados a su despacho y por el manejo del personal a su cargo.
Sin embargo, bajo la ponencia del magistrado Adán Arnulfo Arjona los integrantes de la Sala Tercera Contencioso Administrativa, estimaron que en el Ministerio Público no existía ninguna disposición o normativa para regular la asignación de los vehículos.
También se establece que el Ministerio Público no aportó pruebas en donde se revelara la existencia de un trámite o procedimiento determinado para la asignación de los autos recuperados por ese despacho.
A la vez señala que durante una inspección realizada a la Secretaria del Ministerio Público se estableció que dicha institución concedía autos en custodia a entidades como la Policía Nacional, Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) y Servicio Marítimo Nacional (SMN).
Además, existen notas provenientes de dichas instituciones a las cuales le fueron asignados los autos, en donde certifican que fueron destinados a investigaciones relacionadas con el hurto de vehículos y a combatir el crimen organizado.
En su decisión los magistrados señalan que Olmos no incumplió los deberes exigidos a los funcionarios del Ministerio Público y por tanto no resulta aplicable la sanción disciplinaria aplicada en su contra.
Por otra el fallo emitido establece que al ser el fiscal Olmos un funcionario de carrera se le deben reconocer los salarios dejados de percibir, así como el resto de sus derechos.
Por parte se conoció que durante su gestión ante la fiscalía quinta de circuito Olmos recibió 29 renuncias de funcionarios. Estas renuncias se produjeron entre los años 2000 al 2002.
Por su parte, Gabriel Pascual, presidente del mismo comité criticó que las autoridades no hayan llevado el caso como debieran, puesto que los pacientes ambulatorios están retornando a los centros hospitalarios con situaciones más caóticas, producto de cómo son atendidos.
Se trató de conocer la versión del MINSA, pero resultó infructuoso, pues se nos informó que la persona que manejaba la información era el doctor Raúl González y fue imposible contactarlo.
Ivette Landero, vocera del grupo de familiares y sobrevivientes que asisten a la iglesia de Guadalupe, también está en zozobra.
Ella tampoco sabe a cuánto ascenderá la indemnización para los familiares, porque cada caso se está trabajando individualmente.
Landero indicó que Juan Antonio Tejada se reunió con el director de la CSS, René Luciani y un grupo de doctores para ultimar detalles sobre cuánto tiene que invertir el Estado en medicinas, atenciones y tratamientos de los sobrevivientes.
Los miembros han prometido mantenerse pendientes hasta que el Ministerio Público compruebe la cantidad total de muertos, para que todos los afectados sean incluidos en la lista.
El envenenamiento con dietilenglicol ha causado la muerte de 51 personas, según cifras del Ministerio de Salud, las que no coinciden con las del Ministerio Público, que investiga más de 300.
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