La denuncia fue presentada por Boris Stapf, apoderado legal de Ana Cecilia Maruri, quien desde 1980 reclama una herencia en favor de su hijo Alberto Attia Maruri, tras el fallecimiento de su padre.
La denuncia señala a los magistrados Esmeralda de Troitiño, Arturo Hoyos, Jorge Federico Lee, Aníbal Salas, Winston Spadafora, José Troyano y Adán Arnulfo Arjona, así como a los suplentes Virgilio Trujillo y Roberto González.
Supuestamente desconocieron los derechos de bienes que protege la vivienda, a pesar de la existencia de fallos anteriores en favor de la denunciante, ya emitidos por la propia Corte en 1981, desobedeciendo así la entrega de los bienes y acciones heredados ordenados mediante un fallo del 29 de Octubre de 1990. Por este caso, el ex magistrado César Pereira Burgos fue denunciado antes en la Asamblea Nacional.
Lo cierto es, en palabras de Vallarino, actualmente se está haciendo un ordenamiento y depuración en las solicitudes para la concesión de extracción de minerales no metálicos.
Entre los hallazgos encontrados por Vallarino existen anomalías en las multas impuestas por la administración del pasado gobierno que no son coherentes con las infracciones cometidas.
Igualmente existe una mora en el pago de multas impuestas por extracción ilegal que supera los B/. 250 mil y en las cuales tendrán que aplicar el cobro coactivo.
Así mismo, se anunciaron auditorías a los municipios sobre el cobro de impuestos que han ingresado por los permisos de extracción de arena y de la cantidad de este mineral que se les ha permitido otorgar.
Hay una mala imagen de la minería, acepta el director de Recursos Minerales. Ello se debe a personas inconscientes que están afectando proyectos serios que ayudan a las poblaciones a generar ingresos.
Pero, en medio de esa realidad, el biólogo marino de la Universidad de Panamá, Aramis Aversa, trajo a colación otro concepto. El es de los que piensa que nuestras arenas "valen una fortuna" porque existe un interés por la extracción de este recurso mineral, que alcanza los grandes poderes económicos y políticos del país y que están por encima de las leyes y las comunidades.
Las empresas que tienen una concesión extraen diariamente 5,000 metros cúbicos de arena submarina, les son concedidas entre 400 a 500 metros por hectáreas cuyo pago oscila en B/. 2.00 por hectárea.
La solicitud de concesión tiene un costo de trámite de B/. 125.00 el cual ingresa al Ministerio de Comercio e Industrias (MICI).
La República de Panamá es signataria de la Convención Internacional RAMSAR de Naciones Unidas, mediante la cual se protegen áreas consideradas valiosas por su biodiversidad, específicamente humedales.
Los sitios RAMSAR de Panamá son: San San-Pond Sak en Bocas del Toro desde 1993; Golfo de Montijo en Veraguas desde 1990; Punta Patiño, en el Golfo de Montijo de San Miguel, Darién desde 1993.
En el 2002 se habían otorgado en las costas de La Palma, Taimatí, Garachiné y Puerto Piña, en Darién, a cinco empresas, el permiso para la extracción de arena submarina. Finalmente la población no lo permitió.
