La Fiscalía Contra el Crimen Organizado, que inició su gestión el pasado 2 de marzo, por ahora sólo ha tramitado asistencias judiciales de otros países latinoamericanos.
El fiscal encargado, José Ayú Prado, señaló que mantiene en su despacho cerca de una docena de expedientes, la mayoría son solicitudes de México, Perú y Colombia en la que requieren información del Registro Público, de bancos y movimientos migratorios de personas imputadas.
Agregó que los expedientes remitidos guardan relación con delitos como blanqueo de capitales y por asociación ilícita o conspiración. Explicó que por ahora están trabajando con el personal de otros despachos del Ministerio Público.
