Seis años después de que se entregaron las 27 propuestas, las que por espacio de seis años de la creación del Pacto de Estado por la Justicia (PEJ), son pocos los puntos que se cumplieron para el mejoramiento de la administración de justicia.
Las modificaciones del Código Procesal Penal y del Código Penal, la implementación del Sistema Penal Acusatorio, la aplicación de medidas que tutelan a los grupos vulnerables, el funcionamiento de métodos alternos para la resolución de conflictos y la creación de la Sala de Garantías Constitucionales son las propuestas de las 27 que se han puesto en marcha, total o parcialmente.
En el año 2005, durante la gestión del presidente Martín Torrijos se creó el PEJ con el fin de cambiar o mejorar la administración judicial en Panamá, pero con el inicio de este Gobierno, el ministro Raúl Mulino calificó el pacto como un tema político.
A raíz de esto, las reuniones de los integrantes del PEJ fueron disminuyendo, luego de que todas las semanas, desde su implementación, miembros del Órgano Judicial, Legislativo y Ejecutivo, del Ministerio Público, Procuraduría de la Administración, y la sociedad civil se reunían para discutir los puntos que buscaban cambiar o mejorar la justicia con programas específicos.
Pero hace más de un año y medio, el secretario ejecutivo del Pacto, Óscar Ceville, dejó de convocar a las reuniones.
La exprocuradora general de la Nación, Ana Matilde Gómez, señaló que ella, junto a la Alianza Ciudadana Pro Justicia, envió una nota a Ceville solicitando que se convocaran nuevas reuniones; hasta el momento, esperan la respuesta a dicha misiva.
Y así lo confirmó Carlos Lee de la Alianza, al señalar que la falta de interés por parte del actual Gobierno llevó a que los miembros del PEJ no se volvieran a reunir, a pesar de las insistentes notas a Ceville para que convocara.
Panamá América trató de buscar una reacción de Ceville, a través de su oficina de Relaciones Públicas, pero no se obtuvo resultado.
Desde entonces, el PEJ quedó en el olvido, y la mayoría de sus proyectos en el baúl de los recuerdos.
Propuestas pendientes.
La aprobación de la ley que regula la Carrera Judicial del Ministerio Público, la creación de la Jurisdicción de Paz, la autonomía de la Defensoría de Oficio, la supervisión de rendición de cuentas de los administradores de justicia, la creación de una ley que regule las auditorías judiciales, y la propuesta para cambiar la designación de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) son algunos de los puntos que no se han tomado en cuenta, y que son de gran interés para mejorar el funcionamiento judicial.
En cuanto al cambio de la designación de los magistrados de la CSJ, Carlos Lee explicó que el Gobierno anterior y el actual implementaron parcialmente la propuesta, al hacer una consulta ciudadana y tomar en cuenta a la sociedad civil en la escogencia de los magistrados; pero con el último nombramiento (Harry Díaz) se ignoró totalmente dicha propuesta.
Agregó que ninguno de los gobiernos ha hecho el mínimo esfuerzo para cambiar el artículo de la Constitución referente a la designación de los magistrados, aunque lo han prometido durante la campaña.
Por ejemplo, en el tema de la jurisdicción de paz, se presentaron dos proyectos a la Asamblea Nacional, una por el magistrado de la CSJ Harley Mitchell, y otra por la Alianza Ciudadana Pro Justicia, pero ambas permanecen engavetadas.
Estas propuestas buscan que los corregidores sean abogados.
La única diferencia es que la propuesta de Mitchell establece que los jueces de paz estén bajo el mando del Órgano Judicial, mientras que la otra proposición indica que continuarán bajo la tutela de las alcaldías.
La autonomía de la Defensoría de Oficio es un proyecto que busca independizar administrativa y económicamente este instituto del Órgano Judicial. Aunque se hizo un estudio, aún no se ejecuta.
