La posibilidad de realizar los comicios electorales de 2009 sin ningún tipo de incidentes por adulteración de la cédula de identidad personal, es poco probable si se utiliza el actual sistema de identificación ciudadana, advirtió ayer Gerardo Solís, magistrado del Tribunal Electoral (TE).
El funcionario dejó claro que la aspiración de la entidad es lograr el funcionamiento cuanto antes, del contrato directo con la empresa estadounidense L-1 Identity Solutions que se especializa en identificación individual de ciudadanos de manera confiable.
Según Solís, existe una posibilidad real de que el padrón electoral quede viciado si no se resuelve este asunto que ha empañado y desacreditado la imagen del TE.
"Esto es parte de la carga que tenemos nosotros (los magistrados) sobre nuestros hombros, porque en estos momentos existe riesgo de que se le otorgue una cédula a un ciudadano que no le pertenece", explicó Solís.
En virtud de ello, el funcionario reafirmó que insistirán en el refrendo del contrato con L-1 por el monto de B/.3.6 millones y que "no se doblegarán ni aceptarán presiones psicológicas ni económicas de personas ajenas a la institución".
"Asumimos cualquier responsabilidad de frente al sol, con la cara en alto, caminando por el centro de la Avenida Central a las doce del día, no hay nada oculto", puntualizó.
Esta acción obligará al contralor Vallarino a refrendar el contrato y le impide recurrir a la Corte Suprema de Justicia para cualquier consulta jurídica del acto administrativo, tal como estipula la Ley Orgánica de la Contraloría.
Los magistrados se asesoraron y recurrieron a este mecanismo, que contempla la votación, pues de hacerlo a título personal el magistrado presidente, Erasmo Pinilla, la entidad fiscalizadora hubiese recurrido a las instancias judiciales.
"Si la Contraloría está en la disposición de cumplir su ley y la Constitución, y no entorpecer nuestra labor, el Contralor debe refrendar el contrato por insistencia", sostuvo el magistrado Solís.
Además, alegan que con esta contratación el Estado se está ahorrando B/.2 millones, se está resolviendo el problema y garantiza unas elecciones transparentes y confiables.
"Más transparente y con más rectitud, no podemos actuar", indicó el magistrado Solís, tras destacar que es muy sano que los medios cuestionen la labor de los servidores públicos.
