El dirigente del desaparecido Partido Panameñista Revolucionario (PPR), Luis Gaspar Suárez, denunció que la magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Graciela Dixon, pretende cobrarle la suma de B/.29,000 correspondientes a salarios, desde cuando actuaba como abogada litigante junto al jurista Egbert Wetherborne, pero además existen constancias que sólo actuó en uno de los nueve casos tramitados en su contra.
Según Suárez, en el año 1990 contrató los servicios de los abogados Egbert Wetherborne y Graciela Dixon para que lo representaran en varios procesos legales, pero luego de una práctica pericial sobre los expedientes a cargo de Julio César De León, se estableció que en la mayoría la abogada no mantuvo casi actuaciones.
Señaló que a pesar de esta situación giró pagos a favor de Dixon por un monto de B/.11,000 y fue demandado por la suma de B/.40,000 en concepto de honorarios profesionales, proceso que quedó radicado en el Juzgado Sexto Civil.
Explicó que el 2 octubre del 2000, el juez Víctor René García decretó la caducidad extraordinaria de la instancia, pero el 11 de octubre del mismo año, revoca el auto dictado de oficio y deja sin efecto el vencimiento.
Detalló que esta decisión fue apelada por el Primer Tribunal de Justicia, pero esa instancia bajo la ponencia del magistrado Nodier Jaramillo, ordenó dar cumplimiento a lo exigido por la parte demandante y se le condenó al pago de B/.29,438.
Añadió que luego se presentó un recurso de casación ante la Sala Civil de la Corte, pero bajo la ponencia del magistrado Rogelio Fábrega Zarak se rechazó y se mantuvo la obligación del pago.
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