Washington. -Tras la presentación de pruebas fotográficas de bombas químicas a ras de la tierra en la isla San José, el canciller panameño, José Miguel Alemán solicitó al Gobierno de Estados Unidos que haga público un informe del Pentágono fechado en 1993 que supuestamente reconoce que sustancias tóxicas quedaron desparramadas por la isla como resultado de ejercicios durante la Segunda Guerra Mundial.
De las presentaciones del canciller ante altos funcionarios de la Casa Blanca y del Departamento de Estado, surgieron los primeros indicios de un significativo adelanto para los esfuerzos que Panamá viene realizando para lograr que el Pentágono se responsabilice de las limpiezas para evitar que esos explosivos causen pérdidas de vida.
Alemán solicitó la "desclasificación" del documento, un informe preparado por el Comando de Defensa Química y Biológica, Sección de Panamá, del Ejército de Estados Unidos, en sendas reuniones con John Maisto, director para Latinoamérica del Consejo Nacional de Seguridad de la Casa Blanca y con Lino Gutiérrez, secretario adjunto de Estado en ejercicio para Asuntos del Hemisferio Occidental.
En la reunión entre los funcionarios de Panamá y Estados Unidos, también estuvieron presentes Susan Woods, la encargada de asuntos centroamericanos y funcionarios de la asesoría legal del Departamento de Estado. "Es un documento de noviembre de 1993 y hemos tratado de obtener acceso a este documento para poder verificar todo lo concerniente a armamentos químicos en Panamá", declaró Alemán en una entrevista con este corresponsal en la Embajada de Panamá.
"Por el momento no hemos recibido contestación del Departamento de Defensa y venimos pues a pedirle al Departamento de Estado y al embajador Maisto para que nos apoye en esto para entonces poder determinar específicamente cuáles son los procedimientos que se deberán seguir con esos explosivos", destacó el canciller panameño.
El documento, que tiene como título "Listing of Suspected Chemical Burial Sites Overseas, Appendix D to Document Titled Survey and Analysis Reports prepared by the U.S. Army Chemical and Biological Defense Command, Panama", puede por ley permanecer en su carácter de confidencial durante 25 años, o sea hasta el 2018, pero tanto la Casa Blanca como el Departamento de Estado tienen la facultad de acortar ese plazo, con o sin el consentimiento del Pentágono.
Alemán confirmó la información publicada en este periódico el fin de semana de que el bufete de Arnold & Porter de esta ciudad, que asesora al gobierno panameño en su lucha por obtener la cooperación de Washington en la disputa sobre los polígonos de tiro, obtuvo una serie de fotografías que no deja lugar a dudas la presencia de explosivos químicos en San José. Las pruebas fueron obtenidas por técnicos de Geofax, una compañía basada en el Estado de Virginia que se especializa en localizar explosivos.
Asimismo, confirmó que en el caso de San José se puede invocar una convención firmada por Estados Unidos que prohíbe el uso de armas químicas. El documento fue localizado por Arnold & Porter, cuyo socio principal, William D. Rogers, asistió a varias de las reuniones junto con el asesor de Alemán, Juan Méndez Salazar, señaló.
La información aparentemente tomó por sorpresa a algunos de los expertos del Departamento de Estado que a través de los años vienen rechazando rutinariamente las protestas de Panamá con el argumento de que Estados Unidos "cumplió en lo posible" las providencias del Tratado Torrijos-Carter que estipulan que los polígonos de tiro de las bases evacuadas por las fuerzas armadas de Estados Unidos deben quedar limpias de explosivos y sustancias tóxicas como las bombas químicas encontradas en la isla San José.
