Al menos en su agenda legislativa, Panamá ha cumplido con la aprobación de varios convenios internacionales y modificaciones al Código Penal y otras legislaciones, con miras a castigar y evitar la acción de grupos terroristas.
A pesar de ello, la Nación se encuentra dentro de un grupo de 100 países miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que no han entregado un informe sobre las medidas para combatir el terrorismo, por lo que podría ser incluido en una lista donde serían señalados y avergonzados públicamente.
Aunque la responsabilidad de elaborar este informe es de la Cancillería, ningún funcionario de la entidad ha querido explicar en qué fase se encuentra la elaboración del mismo o si Panamá requiere aprobar otras leyes o documentos para no ser señalado por el organismo internacional.
Desde el 11 de septiembre de 2001, tras los atentados terroristas en Estados Unidos, la Asamblea Legislativa ha aprobado cuatro leyes contra las acciones que puedan ejecutar los diversos grupos terroristas que operan internacionalmente.
Una es la Ley 22 de 9 de mayo de 2002, por la cual se aprueba el Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo, al igual que la Ley 21 de 9 de mayo de 2002, donde se aprueba el Convenio para la Represión de Actos Ilícitos contra la Seguridad de la Navegación Marítima.
También fue aprobada la adición del título de terrorismo al libro II del Código Penal, donde se imponen sanciones de 15 a 20 años de prisión a quienes estén vinculados a actos terroristas.
Además, de acuerdo con el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea Legislativa, Francisco Alemán, Panamá no se encuentra en mora respecto al tema del terrorismo, pues el pasado diciembre fue aprobada la Convención Interamericana contra el Terrorismo, adoptada en Bridgetown, Barbados, el 3 de junio de 2002.
A juicio del legislador Alemán, este instrumento ofrecerá un marco jurídico sólido y amplio para que Panamá pueda combatir con efectividad este flagelo, acentuando los controles fronterizos y financieros, mientras fomenta la capacitación de las instituciones judiciales para evitar el lavado de dinero y la financiación de los grupos terroristas.
Indicó que la entrada en vigencia de esta Convención es una manifestación elocuente de los esfuerzos legislativos que realiza el país para combatir esta modalidad delictiva y es consecuente con los compromisos internacionales asumidos por el Estado panameño para erradicar el terrorismo.
Aseguró que la Convención entiende por delitos los atentados terroristas cometidos con bombas, la financiación de actividades terroristas, el apoderamiento ilícito de aeronaves, los actos ilícitos contra la seguridad de la aviación civil, la toma de rehenes y los actos de violencia en aeropuertos internacionales y naves marítimas, entre otros.
Por otra parte, indicó, Panamá ha respaldado las Resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas y del Consejo de Seguridad sobre el terrorismo.
Allí, señaló, Panamá reitera su compromiso de promover la cooperación y el intercambio de información con el objeto de mejorar las medidas de control fronterizo y aduanero para detectar y prevenir la circulación internacional de terroristas y el tráfico de armas u otros materiales destinados a apoyar actividades terroristas.
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