Washington.- Panamá probablemente hará otra tentativa para lograr que Estados Unidos reconozca que tiene una responsabilidad bajo los Tratados Carter-Torrijos de completar la limpieza de los polígonos de tiro sin necesidad de un arbitraje internacional y sin la intervención de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), según se enteró este periódico.
"Evidentemente quisiéramos resolver este asunto de una manera amistosa y por medio de conversaciones directas con los Estados Unidos, para encontrar una solución equitativa y de respeto mutuo", manifestó un funcionario diplomático a este corresponsal.
"Por el momento la resolución presentada a la ONU quedará congelada", confirmó otra fuente, en alusión a una solicitud panameña para que el tema fuera incluido en la agenda de la próxima Asamblea General que se inicia a mediados de septiembre.
Asimismo, las fuentes confirmaron que Panamá aceptó la propuesta de sus abogados, el bufete de Arnold & Porter de esta capital, de que el polémico asunto podría ser resuelto a través de un arbitraje internacional en los términos que estipula la Convención Interamericana de Arbitraje de 1929. Pero este proceso por lo general es muy dilatado, ya que las dos partes primero tienen que ponerse de acuerdo en el país y la persona que se hará cargo del arbitraje, lo que puede tomar meses si no años.
Estas alternativas serían examinadas esta semana por el canciller José Miguel Alemán y otros miembros del gabinete de la presidenta Mireya Moscoso, quienes se reunirán con el embajador de Panamá en Washington, Guillermo Ford Boyd. ste acaba de realizar una serie de reuniones con funcionarios del Departamento de Estado y el asesor del presidente George W. Bush para asuntos hemisféricos, el embajador John Maisto, de las que sólo dijo "he quedado muy satisfecho".
Por cierto, el complejo problema político y técnico que arrastran detrás de si el cierre de bases militares estadounidenses, tanto en el extranjero como en su propio territorio, explotó en los recientes días con el anuncio del presidente George W. Bush de que las fuerzas navales de Estados Unidos suspenderán el uso de la isla puertorriqueña de Vieques en el 2003. Pero la gobernadora Sila Calderón y otros activistas de derechos humanos han declarado que insistirán en el cese de los bombardeos lo más pronto posible, y no en dos años.
También se prevé una agresiva lucha por parte del gobierno puertorriqueño para forzar al gobierno federal otorgar los fondos necesarios para despejar las bombas y sustancias tóxicas esparcidas por la isla.
Del otro lado del debate, algunos legisladores republicanos federales han acusado a Bush de minar la preparación militar de Estados Unidos, al ordenar el fin de los bombardeos en dos años sólo para complacer a los votantes latinos.
Durante los últimos 60 años, la Marina de Estados Unidos ha realizado ejercicios militares simultáneos de tierra, aire y mar para "practicar" combate en la isla de Vieques, usando municiones vivas y bombas. A lo largo de la última década, en promedio, la Marina usó a Vieques para prácticas de bombardeo real 260 días al año, según datos fidedignos.
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