Pese a los efectos negativos que tiene en el país la huaquería y el tráfico de bienes culturales, Panamá aún no dispone de una legislación que sancione penalmente a quienes cometen la falta.
Es por ello, que el director del Instituto Nacional de Cultura (INAC), Rafael Ruiloba, hizo un llamado a los miembros de la Asamblea Legislativa para que se pongan de acuerdo y acojan el próximo 1 de septiembre el anteproyecto de ley que sancione penalmente a quienes incurren en la huaquería y el tráfico de piezas culturales.
Ruiloba se reunió recientemente con el Procurador de la Nación, José Antonio Sosa, para coordinar la modificación de este anteproyecto, que será presentado por tercera ocasión a la Asamblea para su consideración.
El funcionario lamentó que pese a que en la década del sesenta surgió el compromiso de penalizar lo que actualmente se denominan faltas administrativas, aún se siguen robando y traficando los bienes culturales de la Nación.
Según el director del INAC, la sanción más elevada que se aplica a quienes son descubiertos practicando la huaquería es de B/.10 mil, debido a que en la actualidad el tráfico de bienes culturales es considerado por las leyes de Patrimonio Histórico como un delito, pero sin pena.
"Sólo falta que el Código Penal y el Civil lo tipifique como tal, para luego complementar que tenga una configuración penal", expuso.
Ruiloba instó a los parlamentarios a tomar conciencia sobre la importancia del tema, el que debe ser resuelto por el bien de la conservación de los bienes culturales del país.
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