Panamá carece de una planificación participativa que incluya la consulta de las comunidades campesinas e indígenas en los proyectos de desarrollo del Estado, sean estos energéticos o de otro tipo, afirmó hoy a Acan-Efe el catedrático e investigador panameño Guillermo Castro.
"Nosotros tenemos en Panamá una situación en la que, en general, no hay una planificación participativa, hay una muy vertical que no está comprometida con un debate público preliminar", dijo Castro en el marco de la apertura de una conferencia internacional sobre gobernanza y justicia ambiental que se celebra en Panamá hasta mañana.
Castro, vicepresidente de investigación y formación de la Fundación Ciudad del Saber (FCdS), participó en el debate titulado Panamá: Ambiente, sociedad, Estado, Política, que abrió la conferencia que se lleva a cabo en la Ciudad del Saber financiada por la Unión Europea (UE).
El evento, organizado por la organización Gobernanza Ambiental en América Latina y el Caribe (Engov), un proyecto de investigación también financiado por la UE, y la Ciudad del Saber, se da en momentos en que ha vuelto a renacer en Panamá la polémica por las obras de construcción de una hidroeléctrica, rechazada por indígenas y paralizadas temporalmente esta semana por el Gobierno panameño.
El proyecto de Barro Blanco comenzó a construirse en el 2008 sobre el río Tabasará, en el distrito de Tolé, a unos 400 kilómetros al oeste de la capital panameña, tiene un 95 % de avance y una inversión cercana a los 130 millones de dólares.
Las obras han sido un foco constante de conflicto con las comunidades indígenas de la comarca Ngbe Buglé, pues el lago que formará la represa inundará 5,6 hectáreas de terrenos anexos a esa población cuando sea temporada de lluvias.
El Gobierno panameño paralizó temporalmente las obras mientras se investigan señalamientos de incumplimientos medioambientales por parte de la constructora.
Castro, por su parte, hablando en general y no específicamente sobre este asunto, dijo que no cree que el Estado panameño "tenga un conflicto con los indígenas".
El investigador de la Ciudad del Saber indicó que esto es así porque "los problemas con las comunidades indígenas y campesinas, urbanas también, empiezan porque no han sido consultadas, no han sido incorporadas al proceso de planificación".
Añadió, en ese sentido, que si todas estas comunidades "son consultadas, incorporadas y sus intereses contemplados, serán los primeros defensores de cualquier proyecto de desarrollo".
"Sea en materia energética, de desarrollo urbano, en materia de riego, en todo, el elemento fundamental de éxito es el apoyo social, y el riesgo mayor de fracaso es el conflicto social", afirmó Castro.
Remarcó que "el conflicto se evita si se incorpora a la gente, con derecho propio y en igualdad de condiciones, a participar".
"Sé que está el problema de Barro Blanco, entiendo eso, pero insisto, estoy hablando de un problema de política general", señaló.
Castro consideró que de lo que se trata "no es discutir hidroeléctrica por hidroeléctrica, sino de discutir la política hidro-energética del Estado" y el tema de las concesiones "que hay que abrirlo a un debate publico".
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