El representante de Panamá ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Juan Manuel Castulovich, aseguró ayer que Nicaragua no cumplió con la Convención Interamericana sobre la Fabricación y Tráfico Lícito de Armas (CIFTA), lo que permitió el trasiego de 3,000 fusiles AK-47 hacia grupos paramilitares colombianos.
Mientras que el canciller José Miguel Alemán dijo que Panamá entregó toda la información requerida al embajador de esa organización, Morris Busby, sobre las circunstancias en que se produjo la venta ilegal de las armas.
Alemán informó que Busby es partidario de la suscripción de un acuerdo subregional que rija todo lo concerniente a la importación y exportación de armas y en donde se impongan sanciones por incumplimiento de los procedimientos.
Informó que durante la reunión de ayer con el jefe del Consejo de Seguridad, Ramiro Jarvis; el director de la Policía, Carlos Barés y el jefe del Servicio Marítimo Nacional, José Isaza, el representante de la OEA solicitó información bancaria e interrogó a los funcionarios sobre la documentación usada para la adquisición del armamento.
Explicó que Busby presentará un informe en las próximas semanas que incluirá cuatro aspectos sobre la fabricación y tráfico de armas.
Entre estos aspectos figura una relación de todos los hechos en que se involucran a Panamá, Nicaragua, Colombia y Guatemala, las violaciones a las legislaciones locales, la responsabilidad de los estados en estos hechos y los elementos necesarios para evitar en el futuro situaciones similares.
Por su parte, Busby consideró la reunión como muy útil y dijo que mantendría reuniones con el procurador José Antonio Sossa y el fiscal de Drogas, Patricio Candanedo. Sostuvo que no podía brindar detalles específicos sobre las pesquisas ejecutadas.
En tanto, Castulovich aseguró que Panamá cumplió con el CIFTA y sostuvo que nadie compra una gran cantidad de armas sin documentos legítimos que lo respalden.
