En el caso que no se logre un acuerdo por la vía diplomática con el Gobierno colombiano, las autoridades panameñas deben deportar a todos los detenidos de esa nacionalidad que hay en cárceles panameñas, los cuales participan en huelgas de hambre y otras medidas de presión, afirmó ayer el legislador José Blandón Figueroa.
Indicó que existe un acuerdo internacional entre ambos países, el cual permite la repatriación de los detenidos en el caso que exista una condena y Panamá debe insistir en que se aplique en este caso.
Abogó porque se logre un acuerdo diplomático entre ambas naciones, pero en caso que no sea posible, el Gobierno panameño debe deportar a todas estas personas y que una vez los detenidos estén allá, sean las autoridades de ese país las que decidan qué van a hacer.
Sin embargo, las autoridades colombianas se han negado a recibir a los detenidos de esta nación que están en cárceles panameñas, alegando que en su país tienen problema de hacinamiento, lo que les dificulta recibir a estos reos.
El legislador Blandón Figueroa manifestó que actualmente el 15% de los detenidos de las cárceles panameñas son extranjeros, de los cuales un alto porcentaje, por lo menos unos 900, son colombianos.
Según el acuerdo firmado entre ambas naciones, los detenidos, una vez trasladados a su país de origen, deben terminar de cumplir las penas que se le impusieron en el país que cometieron el delito.
Blandón Figueroa dijo que el Gobierno panameño está analizando una situación similar que tuvo Ecuador con Colombia y que al final las autoridades colombianas se vieron obligadas a aceptar los detenidos de su país.
Funcionarios del Departamento de Migración se reunieron ayer con legisladores miembros de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa, a quienes explicaron el contenido del nuevo proyecto de ley mediante el cual se pretende establecer el nuevo régimen migratorio para el país.
