Cuando el presidente Ricardo Martinelli asumió el poder en 2009, una de sus prioridades fue el retiro de Panamá del Parlacen.
En diciembre de ese mismo año se sancionó la Ley 78, que permitía la salida del organismo, y al año siguiente, la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ) ordenó a Panamá que se abstuviera de dichas adoptar medidas.
Se ordenó a Panamá el pago de las cuotas atrasadas al Parlacen y garantizar el abono de las futuras. Sin embargo, Panamá reiteró su rechazo a la jurisdicción de la CCJ.
