Panamá entrega investigaciones sobre cuentas de Portillo

El gobierno de Panamá entregó a la embajada de Guatemala el resultado de las investigaciones sobre cuentas bancarias abiertas en este país, supuestamente con fondos públicos, por el presidente guatemalteco, Alfonso Portillo y varios de sus colaboradores, informó ayer la cancillería panameña.
La fuente, que pidió reserva de su nombre, dijo que el informe con el resultado de las pesquisas del Ministerio Público panameño fue entregado a la delegación diplomática de Guatemala, aunque no precisó cuándo se cumplió la gestión.
Añadió que a la embajada del país centroamericano le corresponde ahora, a su vez, remitir los documentos sobre la investigación a las autoridades judiciales guatemaltecas.
Las investigaciones comenzaron hace unos tres meses en Panamá luego que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de este país declarara viable, el pasado 6 de marzo, el levantamiento del secreto bancario para este caso, ante una solicitud de asistencia judicial de la Fiscalía Anticorrupción de Guatemala.
La CSJ panameña encargó de la investigación al Fiscal Antidrogas, Patricio Candanedo, sobre el posible enriquecimiento ilícito de Portillo y de algunos de sus funcionarios de confianza.
Las investigación abarca, además de Portillo, al vicepresidente Juan Francisco Reyes, a su hijo Juan Francisco Reyes Wyld, y al secretario privado de la Presidencia, Julio Girón.
También llega al cuñado de Portillo, Antonio Riley, y sus amigos César Antonio Medina, Carlos Arturo Villalta y Douglas Urrutia Jerez.
Al borde de ser archivada en 2002 por falta de evidencias, las pesquisas fueron iniciadas por la Fiscalía Anticorrupción de Guatemala luego de que los diarios "Siglo Veintiuno" de ese país y "La Prensa" de Panamá publicaran, el 5 de marzo del año pasado, una investigación conjunta sobre el supuesto enriquecimiento ilícito de Portillo y de sus cercanos colaboradores.
Según la denuncia de ambos diarios, Portillo y sus funcionarios participaron en la apertura de cuatro empresas y trece cuentas bancarias en Panamá mediante las cuales supuestamente transfirieron entre 450.000 dólares y 1,5 millones de dólares provenientes de fondos públicos.