La Organización de Estados Americanos (OEA) eximió de toda responsabilidad al gobierno de Panamá en el tráfico de armas desde Centroamérica hacia Colombia y acusó a las autoridades nicaragüenses de ser culpables de "negligencia profesional" al no haber comprobado que la Policía Nacional era el verdadero comprador.
En una conferencia de prensa celebrada en la Presidencia de la República, el canciller Harmodio Arias sostuvo que "el gobierno de Nicaragua no cumplió con varias de las disposiciones de la Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícito de Armas de Fuego, Municiones Explosivos y otros Materiales Relacionados (CIFTA), de la cual es parte".
Arias aseguró que la investigación se realizó a solicitud de la propia presidenta Mireya Moscoso y estuvieron a cargo del embajador Morris D. Busby.
Busby, funcionario retirado del Departamento de Estado de los Estados Unidos y quien fue representante de su país en Colombia, concluyó que "las autoridades panameñas no estuvieron involucradas en la compra de las armas, ni en su desvío" hacia el país suramericano.
El informe concluye que "las acciones criminales de traficantes internacionales de armas constituyen una amenaza que merece una respuesta hemisférica coordinada"".
Detalló que el informe fue entregado a los cancilleres de Nicaragua, Guatemala y Panamá, para que el mismo fuera remitido a sus respectivos mandatarios.
A pesar de múltiples intentos por obtener una versión médica de los doctores que han manejado el caso de Frederick, un estricto hermetismo saltó a la vista. Al respecto, el doctor Alberto Carbonó precisó que son más de 250 casos. De éstos ya fueron recibidos en Puerto Armuelles los resultados y se pondrá al tanto a los pacientes, aunque evitó referirse al tema del niño indígena porque no lo ha tratado.
Muchas de estas personas deberán ser evaluadas por una comisión calificadora que determine una posible indemnización. Un grupo de especialistas en medicina laboral se encargó de confirmar que, en los casos atendidos, en efecto, los trabajadores hayan estado expuestos a los químicos. Mientras ello sucede, el pequeño Frederick y su familia no dejan de pensar en el futuro incierto al que el niño camina inevitablemente. Su mal avanza y el remedio es sólo momentáneo, no hay para más.
Rosendo Díaz, experimentado anátomo - patólogo, no perdió un detalle en su explicación, pero sobre todo, en reiteradas ocasiones fue enfático al afirmar que se trata de un "gran riesgo". Los trabajadores manuales podrían tener contacto con los fluidos que salen de los orificios naturales de cualquier cadáver al que no se le ha hecho una autopsia.
No obstante, específicamente en el Santo Tomás los cuerpos los reciben los trabajadores manuales "amortajados", lo que significa que se les colocan algodones en sus orificios porque muchos de ellos en sus "últimos minutos de vida defecan, se orinan o pueden salir líquidos provenientes de su cavidad oral o nasal", al tiempo que se le envuelve en una sábana, como parte de un proceso rutinario. Los guantes y las mascarillas son indispensables al momento de manipular el cadáver.
De la misma forma quienes tratan las biopsias, en este caso, la auxiliar de laboratorio, tienen contacto con tejidos cuyo proceso patológico puede presentar una enfermedad infecto - contagiosa (tuberculosis, SIDA).
Es personal consciente de la labor que realizan y de que cumplir con las normas exigidas los mantendrá con vida. Las estadísticas lo demuestran. Díaz no recuerda algún caso de contagio en estos departamentos.
Un informe de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) revela que los oficios más peligrosos son los peones de construcción, industria manufacturera, transporte y los conductores de vehículos y operarios de equipos pesados.
En tanto, la Organización Internacional de Trabajo (OIT) calcula que hay 250 millones de accidentes de trabajo al año y por lo menos 335 mil muertes provocadas por tales accidentes. Además menciona que por cada enfermedad mortal relacionada con el trabajo hay otras 100 enfermedades que provocan ausentismo laboral.
El cáncer es la enfermedad que más vidas cobra en los lugares de trabajo y causa unas 640 mil víctimas al año, cifra que corresponde al 32% del total de los fallecimientos. Las enfermedades circulatorias representan el 23%. Le siguen los accidentes, que representan el 19% y las enfermedades transmisibles, con el 17%. Al menos 12 mil de los fallecimientos anuales corresponden a niños que trabajan en condiciones peligrosas.
Un total de 19 periodistas fueron asesinados en el mundo a causa de su trabajo el año pasado, casi la mitad de la cifra del año anterior y el número más bajo en años, según informó el Comité de Protección de Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), que hizo referencia particular a países como Rusia, Filipinas, Brasil y Colombia.
La mayoría de los periodistas fueron asesinados en represalia por su trabajo, y en pocos casos los autores de los crímenes fueron llevados ante la justicia, informó la agrupación. La cifra general del 2002 fue menor que la del año anterior (37 asesinatos) y la más baja desde que el CPJ comenzó a realizar la lista de periodistas muertos, en 1985. Los casos de muertes de periodistas en accidentes no están incluidos en la cifra general de la CPJ.
El comité atribuye la baja a la reducción del número de conflictos y a la situación de alerta internacional causada por el secuestro y brutal asesinato del periodista del diario Wall Street Journal, Daniel Pearl, en Pakistán. Tras el asesinato de Pearl a comienzos del 2002, la seguridad de los periodistas se convirtió en una prioridad de las empresas noticiosas. Muchos enviaron a su personal a entrenamientos, donde los periodistas fueron preparados para trabajar en contextos hostiles.
La Red de Periodistas por La Paz dio a conocer un informe que indica que durante los últimos 15 años, 770 periodistas han muerto en el ejercicio de su profesión. El centro y el este de Europa, Asia y América Latina, encabezan para la organización Reporteros Sin fronteras la lista de las regiones que representan mayor peligro para quienes informan sobre el desarrollo de diferentes conflictos.
Mientras tanto, el asesinato, como factura para quienes emprenden investigaciones periodísticas sobre casos de corrupción y el exilio, la prisión y la tortura para perseguir a objetores políticos de conciencia, continúan siendo usuales en prácticamente todo el orbe.
