El hecho que el presidente Martín Torrijos haya demostrado su compromiso con la libertad de expresión no significa que Panamá pueda convertirse en juez para juzgar si la aplicación de normas jurídicas internas de otros países constituyen o no violaciones de los derechos humanos, afirmó el canciller Samuel Lewis Navarro, al referirse al cierre de Radio Caracas Televisión (RCTV) por parte del gobierno venezolano.
"Determinar si la no renovación de una concesión de frecuencia constituye una violación a los derechos humanos, no le compete ni a Panamá ni a la Asamblea de la OEA. Malamente a esa posición se le puede calificar de actitud silenciosa", precisó.
Sostuvo que para emitir criterios sobre este tema, existen organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El canciller no confirmó ni negó la existencia de un supuesto acuerdo entre Panamá y Venezuela para que el presidente de este país Hugo Chávez no cuestione la Asamblea de la Organización de Estados Americanos que se realizará en Panamá, a cambio de que nuestro país no emita comentarios en torno al cierre de RCTV.
Por su parte, Torrijos dijo ayer en Chiriquí, que ya dio su opinión sobre el tema de RCTV.
