El contralor de la República, Gabriel Castro, afirmó ayer que el Estado panameño no tiene los fondos para pagar B/.200 millones, de fallar la Corte Interamericana de Derechos Humanos a favor de los 270 empleados públicos destituidos con la Ley No.25 aprobada durante la administración de Guillermo Endara.
Apuntó que si el fallo es favorable a los empleados deberá ser sometido a consideración del Presupuesto Nacional del Estado para tramitar los fondos para hacer efectivo el pago.
"Definitivamente que en estos momentos el Gobierno no tiene B/.200 millones para pagarle a estos exfuncionarios", señaló Castro.
Los trabajadores fueron acusados por la administración de Guillermo Endara por el supuesto delito de quebranto del orden público y atentar contra la seguridad del Estado.
Se trata del primer caso que conoce el alto tribunal interamericano, un órgano autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), por una denuncia de violaciones de derechos laborales.
Hasta ahora, desde el establecimiento de la Corte en 1979, los casos analizados han respondido a denuncias de violaciones de derechos políticos, como asesinatos, desapariciones, torturas y privación de libertad de las víctimas.
El expresidente de la República, Guillermo Endara, promotor de la Ley 25 que destituyó a estos trabajadores, denunció que el gobierno perredista adelanta un complot para pagar lo "que sea" en indemnizaciones, con el fin de plantear que su administración se equivocó al promulgar esta medida.
Indicó que el Gobierno lo desestimó como testigo en este juicio, para que él no explicara ante la Corte los motivos que lo obligaron a decretar la ley.
Mientras tanto, dirigentes obreros del país manifestaron su esperanza en que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condene al Estado panameño.
El representante del Gobierno panameño ante este proceso es el abogado Jorge Federico Lee, quien argumentó que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos incumplió procedimientos legales al presentar la demanda ante la Corte.
El veredicto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos será presentado en las próximas semanas.
Por otra parte, informó que actualmente la Contraloría de la República no realiza ninguna investigación ni áudito a la Alcaldía capitalina, especialmente al despacho de la señora Mayín Correa.
Explicó que no está investigando la denuncia de nepotismo por el supuesto nombramiento de familiares en el Municipio de Panamá.
"Esto puede ser inmoral pero no estamos haciendo ninguna investigación sobre el particular", aclaró el jefe de las finanzas públicas.
