San José, Costa Rica. Jorge Federico Lee, representante legal del Estado panameño en la audiencia que efectuó ayer la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pidió que se desestime la demanda por 200 millones de dólares en indemnizaciones que interpusieron 270 trabajadores destituidos por la Ley 25 de 1990.
El alegato de Lee que fue cubierto para El Panamá América por el colega costarricense La República se basó en que el caso ya fue tratado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y en que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos incumplió procedimientos legales al presentar la demanda ante la Corte.
Detalló que la Comisión entabló la demanda sin haber cumplido con la exigencia de una deliberación y votación entre sus miembros.
"El hecho de que la Comisión únicamente haya realizado una consulta telefónica entre cinco de los siete miembros, es un vacío grave que acarrea la ineficiencia de todo el proceso", argumentó Lee.
El veredicto de la Corte se emitirá en las próximas semanas, ya que la defensa panameña debe entregar aún sus alegatos por escrito.
En tanto, el representante de los 270 trabajadores destituidos, Roberto Gómez, dijo que los argumentos expuestos por el Estado panameño "demostraron poca seriedad", además de resultar "irregulares", pues presentaron objeciones sin establecer pruebas.
Rebatió los planteamientos de Lee, señalando que el caso presentado ante la OIT tenía otro carácter, ya que este organismo no es una corte judicial con resoluciones obligantes.
Mientras que el defensor del pueblo, Italo Antinori, declaró en San José que Panamá ha hecho el "ridículo internacional" por esta demanda y abogó porque el problema se resuelva rápida, justa y oportunamente entre el Estado panameño y los trabajadores para evitar una condena de la Corte.
Añadió que la elevación del caso ante la Corte crea un precedente en Panamá, debido a que los ciudadanos panameños podrán acudir a este tribunal cuando sientan que han sido violados sus derechos humanos.
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