El director general de la Dirección de Consular y Naves del Ministerio de Economía y Finanzas, Fernando Solorzano, desmintió categóricamente las afirmaciones de la Federación Internacional de Trabajadores del Transporte, con sede en Australia, que aseguran que los barcos que se abanderan en Panamá , buscan evitar las regulaciones de seguridad marítima.
Solorzano rechazó la solicitud de la mencionada federación que pidió la proscripción de navegación de barcos registrados en Panamá, por considerar que éstos evitan las regulaciones internacionales de seguridad.
Manifestó que Panamá no es, ni puede convertirse, en una "especie de paraíso para defender a los barcos que no quieren tomar las medidas de seguridad".
Indicó que ya se han girado instrucciones a la Oficina de Seguridad Marítima de Panamá en Nueva York, para que el Departamento Técnico empiece a ejecutar las diligencias a fin de saber que fue lo que sucedió realmente en la colisión del buque registrado en este país, cerca de la Isla de Guam, el pasado lunes.
Después que se hagan las mencionadas diligencias, se hará un informe y de resultar el barco panameño culpable, se tomarán las medidas de sanción, pero de lo contrario, se buscarán las medidas de prevención "ya que hay que aprender de estos accidentes".
Agregó que Panamá en base en su legislación es un atractivo de naturaleza fiscal, pero afirmó que las autoridades panameñas exigen el cumplimiento de las normas de seguridad que están plasmadas en los diferentes convenios internacionales.
Aseguró que, inmediatamente un barco se registra en Panamá, se le exige en un período determinado el cumplimiento de las normas de seguridad aprobadas por la Organización Marítima Internacional (OMI) y otras organizaciones.
Entre los documentos cuyo cumplimiento exige Panamá figuran: el Convenio de Seguridad de la Vida Humana en el Mar, el Convenio que evita la Contaminación Ambiental por los buques y el Convenio de Formación y Titulación de Guardas del Mar.
Solorzano afirmó que a pesar de que existen estos convenios, Panamá también cuenta con una red de inspectores a nivel mundial y tiene oficinas en Nueva York, Estados Unidos, que se dedican a llevar a cabo todas las inspecciones a los buques panameños.
Aseguró que los propios representantes legales de las empresas y barcos navieros están conscientes de lo que significa infringir las medidas de seguridad marítimas.
Manifestó que no se puede culpar a la nave panameña, sin saber los resultados de las investigaciones y añadió que "hay que guardar el principio de presunción de inocencia".
