Panamá recibirá en calidad de donación equipos de la Armada de los Estados Unidos que iban a ser destinados para labores de socorro en países centroamericanos afectados por el Huracán Mitch, informó ayer el director de los tratados de Asistencia Legal Mutua del ministerio de Gobierno y Justicia, Edgardo Mateo Barsallo.
Los equipos, que incluyen barcos de asalto, tanques cisternas, tractores, camiones de acarreo, remolques, aplanadoras y aspiradores industriales, entre otros, habían sido desviados por oficiales estadounidenses para su uso comercial y fueron recuperados en territorio panameño, explicó Barsallo, luego de una reunión con el titular de la cartera, Winston Spadafora, donde asistieron representantes de la Agencia Internacional para el Desarrollo (AID), agentes federales norteamericanos y funcionarios de la Procuraduría General de la Nación.
El encuentro tuvo como propósito agradecer las gestiones del gobierno panameño para la captura y cooperación judicial en el caso de una cantidad no cuantificada de maquinarias y equipos industriales que habían sido donados por la Armada, a El Salvador, Honduras y Guatemala, como apoyo a las obras humanitarias tras la devastación causada por Mitch.
Mateo indicó que algunos coroneles y agentes de la Armada, se dieron a la tarea de crear sociedades anónimas y organizaciones no gubernamentales en Panamá, supuestamente humanitarias, para recibir equipos del gobierno estadounidense y mantenerlos en Panamá para uso comercial.
"Dado que se trataba de un fraude de carácter internacional, el gobierno de los Estados Unidos solicitó cooperación al gobierno de Panamá para que se le diera apoyo en virtud de los Tratados de Asistencia Legal Mutua firmados con Estados Unidos, Ley 20 de 1995", destacó Mateo.
Agregó que los bienes incautados van a pasar a la Agencia Internacional para el Desarrollo (AID), para que sean destinados al gobierno panameño en obras sociales de salud, educación y para el ministerio de Gobierno y Justicia.
La operación que culminó con el decomiso de estos bienes duró casi un año en investigación y tres meses, en ejecución de acciones legales por parte de Panamá.