Importantes figuras del Partido Panameñista estarían vinculados al espionaje telefónico, de acuerdo con fuentes oficiales a las que tuvo acceso este medio.
Miembros del partido gobernante habrían adquirido una máquina ucraniana para “pinchar” teléfonos celulares, la cual está siendo utilizada contra los adversarios políticos de la administración de Juan Carlos Varela y las pocas voces de la sociedad civil que han criticado los actos de su gestión.
La fuente reveló que un grupo de los panameñistas busca ampliar su capacidad de espionaje telefónico y ha tratado de comprar nuevas máquinas pinchadoras en Israel.
Los acercamiento para la compra de estos equipos en Israel los estaría haciendo el empresario Rolando Eisen.
En Panamá existe un vacío legal para regular la compra de equipos tecnológicos que sean utilizados para la escucha telefónica.
A juicio de Luis Fuentes Montenegro, quien fuera ejecutivo del Consejo de Seguridad y abogado de profesión, es muy fácil que una persona pueda adquirir un equipo de estos para interceptar comunicaciones telefónicas.
Indicó que estos equipos pudieran adquirirse por internet, ya que funcionan por medio de aparatos de común venta como bolígrafos, teléfonos inteligentes, tabletas o computadoras portátiles.
Explicó que para que estos aparatos funcionen, solo se tiene que bajar un programa por internet.
No obstante, el jurista Miguel Antonio Bernal afirmó que existen normas internacionales que regulan la venta de estos equipos.
Explicó que las empresas fabricantes de estos aparatos solo pueden venderlos a Estados y no a particulares.
Ilegalidades
A Bernal no le preocupa tanto el hecho de las medidas de restricción, sino el uso que le estén dando a los equipos que legalmente estén establecidos.
Considera que es un delito que los funcionarios de los estamentos de seguridad estén realizando escuchas telefónicas so pretexto de perseguir el delito.
Aseguró que las normas existentes no establecen facultades a los estamentos de seguridad para que realicen espionajes telefónicos con el propósito de recabar pruebas para iniciar un proceso de investigación.
“Debe existir ya un proceso en marcha, para que los tribunales autoricen a los estamentos de seguridad a realizar las escuchas telefónicas”, indicó Miguel Antonio Bernal.
Esta misma opinión es compartida por Fuentes Montenegro. “La excepción para realizar escuchas telefónicas debe cumplir una serie de reglas, que consisten en que exista un expediente con elementos probatorios de la comisión de un delito grave”, explicó.
Para este conocedor en seguridad pública, lo más importante es que debe existir una solicitud y posterior aprobación de la Sala Cuarta de la Corte Suprema para que la escucha telefónica sea legal.
Pese a los formalismos que establece la ley, para Bernal existen indicios que demuestran que el actual gobierno pudiera estar operando, al menos, unos tres aparatos tecnológicos para realizar escuchas telefónicas.
Sin imputados en investigación por denuncias de espionaje telefónico
Desde que el actual director del Consejo de Seguridad, Rolando López, presentara una denuncia de la supuesta existencia de un equipo para hacer escuchas telefónicas, en la que pidió la ampliación de medidas cautelares contra su antecesor, Alejandro Garuz, aún en el Ministerio Público no hay una acusación en firme contra ningún funcionario que ocupó ese cargo en el anterior gobierno.
En estos momentos, el caso radica en la Fiscalía Segunda Anticorrupción, a cargo de Lizzett Chevalier.
Fuentes judiciales indicaron que el proceso está en la fase de sumarias en averiguación, que consiste en que se están recabando elementos para determinar a los supuestos responsables de un delito contra la administración pública.
Garuz ha mantenido públicamente la posición que durante su gestión, este equipo no estuvo en el inventario del Consejo de Seguridad, argumento que también es defendido por su antecesor, Gustavo Pérez.
- 4 años de prisión es la pena máxima para los funcionarios que hagan escuchas telefónicas sin orden judicial.
Ministerio Público abre dos investigaciones
La procuradora general de la Nación, Kenia Porcell informó que se abrieron dos investigaciones una que se tramita en la Fiscalía Anticorrupción y la otra en la Fiscalía Auxiliar que trata sobre las escuchas telefónicas.
En ambas está vinculadas el exdirector del Consejo de Seguridad Alejandro Garúz, mientras que Gustavo Pérez solo es mencionado por su vinculación en la adquisición del equipo de escuchas telefónicas.
"Es un caso de reserva del sumario, porque la información que esta ahí es íntima y personal de varios miembros de partidos políticos y comunicadores sociales, dirigentes sindicalistas, sociendad cilvil, empresarios, entre otros", explicó Porcell.
Además aseguró que durante la instrucción del sumario se pudo determinar en las autopsias forenses se utilizó un equipo que era capaz de capturar la informaciíon de los correos electrónicos, conversaciones de WhatsApp, guardar llamadas telefónicas de los dispositivos móviles intervenidos. "Esto fue confirmado por algunas declaraciones de las víctimas que mantenían la información en su correo personal", añadió.
El fiscal Auxiliar, Marcelino Aguilar dijo a los medios de comunicación que las pruebas han sido evidentes, han demostrado participación directa de exfuncionarios del Consejo Nacional de Seguridad, quienes en un momento dado dejaron rastro que utilizaron esa herramienta.
