Rodolfo Vence y Javier Muñoz, despedidos por la Ley 25 de 1990, se encadenaron ayer en la entrada de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en San Pedro, Costa Rica para exigir justicia laboral.
Los ex trabajadores pidieron al mandatario de ese país, Óscar Arias, que intervenga en esta situación y pidieron asilo político, social y económico.
“Para nosotros es un irrespeto, un crimen a los derechos humanos, máxime que este caso tiene 17 años, 16 muertos y 7 años sumergidos en esta corte”, indicó Erick González, otro de los manifestantes.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado panameño a indemnizar a los ex trabajadores en 1998, pero no ha cumplido.
