Los panameños deben definir primero si desean una reforma constitucional o una nueva Constitución, a fin de centrar los puntos de discusión y segundo, establecer el método a utilizar para lograr esos cambios, sostuvo el presidente del Colegio Nacional de Abogados (CNA), Carlos Vásquez.
También se debe establecer cuáles son los aspectos de la Carta Magna que serán objeto de modificación, ya que hay una voluntad "inequívoca" de la población en requerir una nueva Constitución.
Aunque pareciera que la mayor expresión está en el método de la "Asamblea Constituyente", quizás no sea el momento, pero el mandato es claro en el sentido de que sea el próximo gobierno el encargado de llevar a la práctica.
Aclaró que "no existen Constituyentes Paralelas", lo que existe es el poder constituyente, de manera que sólo prevalece la voluntad del pueblo en estas condiciones.
A juicio de Vásquez, debido a que estamos insertos en un período electoral, lo más conveniente para promover cambios constitucionales es esperar que se elijan las nuevas autoridades del año 2004.
Según Vásquez, el CNA ha hecho permanentemente aportes a la renovación de las Constituciones, pero lo más importante a reformar en la actual es el método de escogencia de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, disminución de los legisladores y eliminación de la inmunidad legislativa.
Pero además se debe incluir el deseo de la población de un "contrato social" adecuado donde se respeten las garantías fundamentales, la incorporación de instrumentos internacionales que garanticen el respeto a los derechos humanos, mayores facultades a la Defensoría del Pueblo y alejarlos de los vaivenes de la política.
El jurista consideró como atinados los esfuerzos que se están haciendo desde la Contraloría General para que las declaraciones patrimoniales juradas, no sólo se hagan al inicio y finalización de la gestión de los funcionarios, sino que se den cada año y que la información aparezca en los Nodos de Transparencia.
Enfatizó la necesidad de que esas declaraciones patrimoniales correspondan con la realidad para que la "percepción no indique una cosa y la realidad otra".
Por otro lado, opinó que las declaraciones de la procuradora suplente de la nación (Mercedes Araúz de Grimaldo) alertando sobre los niveles de corrupción, es el reflejo del profundo malestar y la frustración colectiva que ha generado el fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre el caso CEMIS.
A juicio de Vásquez, se le ha dado una nueva oportunidad a la Corte para que revise esa actuación tomando en cuenta que han surgido nuevos elementos con unas declaraciones de "tremendo peso jurídico" posterior al fallo, de manera que sería prudente esperar una nueva decisión de la instancia.
Vargas Llosa señala que la ciudadanía representa una gran fuerza silenciosa que muchos políticos desafían y hasta ignoran con sus actuaciones de abuso de poder. Indicó que los ciudadanos son más que los políticos en cantidad, a pesar de que éstos parecieran ser más porque trabajan de manera eficaz.
A juicio del periodista, lo que ocurre es que la sociedad civil no está completamente organizada debido a que cuando a una persona se le violan sus derechos, la gente lo observa como un problema del vecino y no se interesa, en cambio, los políticos sí se movilizan alrededor de un interés común y luchan por ello. "Allí está el principal problema: tener líderes civiles que sepan explicarle a la población hasta qué punto si a ti te vulneran un derecho político, o económico, es también mi problema", agregó.
Una vez que tengamos esa conciencia de organizarnos va a ser fácil, a juicio de Vargas Llosa, porque los que pertenecen a sindicatos o a gremios empresariales, pueden empezar desde allí. " El día que ocurra eso los políticos están muertos porque ellos dependen de los votos de nosotros", sostuvo.
Debido a que los partidos políticos no están jugando el rol que le corresponde en la sociedad, la ciudadanía ha comenzado a tomar conciencia que tiene que reemplazarlos, explicó el escritor, quien se considera actualmente un "político de emergencia".
No obstante, advierte que en una sociedad que funcione bien, la sociedad civil no debe de reemplazar a los políticos porque la ciudadanía dejaría de cumplir su función y se politiza también.
Vargas Llosa advierte que la sociedad civil puede llegar a reemplazar a los políticos a través de una forma electoral muy eficaz.
Sin embargo, apunta que no está seguro de que esa fórmula vaya a convertirse en una salida a la crisis porque muchas veces la indignación de la ciudadanía se torna en una respuesta como lo que ocurrió en Venezuela con Chávez o destaca que también puede surgir una fórmula creativa.
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