Tres semanas después de que la directora de Pandeportes, Farank Levy, adjudicó un contrato "a dedo" por B/ 247 mil a la empresa Construcciones Pacífico y Atlántico, S.A. (COPASA), el ministro de Economía y Finanzas, Alberto Vallarino, autorizó la contratación directa.
El contrato -que aún no ha sido perfeccionado ni refrendado por la Contraloría- es para "remodelar" siete coliseos deportivos que se usarán en los IX Juegos Centroamericanos (9 al 18 de abril), cuya sede es Panamá.
Pese a no existir el aval del MEF ni un refrendo de la Contraloría General de la República, la Directora de Pandeportes ordenó a la empresa COPASA iniciar los trabajos “de inmediato” el 9 de marzo pasado, es decir, 18 días antes de recibir la autorización del MEF.
Riesgo.
El ex subcontralor general de la República, Luis Amado, advirtió ayer que con esta contratación se están obviando pasos y normas establecidas en la Ley 22 de Contrataciones Públicas, lo que podría implicar un riesgo para el contratista.
"Se está colocando la carreta delante de los bueyes", dijo Amado, tras aclarar que primero debió existir una resolución del MEF, seguido del contrato refrendado y, finalmente, dar la orden de proceder.
"Si ahora la Contraloría no refrenda este contrato, ¿quién paga estos trabajos?", se preguntó Amado, al tiempo que precisó que con el refrendo se formaliza la relación contractual.
Levy justificó su accionar en una nota dirigida a la empresa, señalando que era por la “premura en el tiempo”, ya que sin dichas remodelaciones no sería posible la realización de algunas disciplinas que conforman los juegos en mención, “lo que ocasionaría un daño económico al Estado tomando en consideración las inversiones realizadas”.
La edición de los IX Juegos Centroamericanos estaba programada para celebrarse del 2 al 14 de marzo en San Salvador, Guatemala y Panamá, pero fue pospuesta su inauguración para el 9 de abril porque la pista atlética del Estadio Rommel Fernández no estaba lista.
Responsabilidades.
El Artículo 19 de la Ley 22 estipula que los servidores públicos “serán legalmente responsables por sus actuaciones y omisiones antijurídicas, sin perjuicio de la responsabilidad penal o administrativa.
El mismo enunciado agrega que “sus actuaciones estarán regidas por una conducta ajustada al ordenamiento jurídico y serán responsables ante las autoridades por infracciones a la Constitución o a la ley, y por extralimitación de funciones o por omisión en el ejercicio de esta”.
