La venta de armas con casos bajo custodia de la PTJ se hacen en su barrio.
Uno de los entrevistados contó a Panamá América que quien se exponía no era Ramírez, sino otro detective, quien no era el único que está vinculado.
Las transacciones siempre se han dado y la PTJ es "una banda organizada a la que respetamos", expresó.
Las armas hurtadas de la sección de Balística eran bien seleccionadas por el inspector de la PTJ, Luis Alberto Ramírez Vargas. Aún no se ha establecido cuál era el destino de las mismas, a pesar que el implicado ha dicho que irían a parar a Colombia.
Su experiencia se convirtió en su mejor aliado, formaba parte de los ocho funcionarios que llevaban el control de las entradas y salidas de evidencias que llegaban a la entidad.
Los cuatro testigos detenidos y vinculados al cargamento de armas se contradicen en la declaración que rindieron ante la Fiscalía Auxiliar.
Las armas estaban escondidas en una residencia en San Isidro y en un apartamento de una extranjera, en Avenida Ancón. Fue éste ultimo lugar donde se hallaron 37 documentos de peritaje y dos pistolas más que estaban bajo custodia de la PTJ, para su comparación.
Por su parte, el fiscal auxiliar, Luis Martínez, manifestó que todavía no ha finalizado la auditoría en la sección de Balística para ver si existen faltantes de armas.
Explicó que en la investigación hay información de la venta de armas. "Vamos a tratar de corroborarlas", acotó.
La Fiscalía Auxiliar revisará los videos y ha solicitado el listado del personal asignado a la seguridad la madrugada del 16 de junio, cuando Ramírez sacó 32 armas de la PTJ. Con ello se quiere determinar como se burló la seguridad de institución.
El fiscal dijo que Ramírez durante la indagatoria contó que estudió la situación de los grupos más débiles que custodiaban el área, vio que podía ingresar y se le facilitó la entrada y salida del lugar, el pasado 16 de junio.
El inspector aseguró que todo lo hizo solo, sacando una a una las armas de fuego.
Fuentes aseguran que hay más funcionarios involucrados en el hurto de las armas.
Desde el año 2005 ya había sospecha sobre Ramírez, a quien se le formularon cargos por la alteración de permisos de arma de fuego.
Un ex PTJ, de nombre Celestino, fue destituido al declararse confeso, y el inspector Ramírez recibió una medida cautelar de impedimento de salida del país. Dos años después fue ascendido a rango de inspector I.
En la PTJ nadie puede explicar el por qué fue ascendido a pesar de la gravedad de su situación dentro de la entidad.
Varios de sus compañeros, al igual que él enfrentan procesos por actos de corrupción por la pérdida de evidencias y alteración de documentos donde está de por medio un arma de fuego.
Esta vez Ramírez confesó haber sacado y transportado en un taxi, cuatro armas calibre 12; cuatro AK-47; ocho pistolas y nueve revólveres.
El inspector Luis Alberto Ramírez podría enfrentar de 5 a 7 años por la venta de armas; 30 a 6 meses de prisión por hurto calificado y de 1 a 4 años por la sustracción de las armas de fuego.
En el apartamento 2-36 de Avenida Ancón se encontraron armas sin permiso, otras con serie limada, 1 fusil T-65, piezas de armas y municiones embaladas.
