El ministro de Obras Públicas (MOP), Eduardo Quirós, advirtió a los propietarios del Corredor Norte que en caso de que sigan produciéndose los derrumbes en la construcción de la segunda fase, procederá a suspender los trabajos. El funcionario relató que hizo una inspección por el área donde se construye la extensión del corredor y sitios donde se ha producido derrumbes afectando a varias viviendas.
Según el ministro, el muro de contención de la obra estructuralmente no presenta ningún peligro, ya que los informes técnicos revelan que "no hay nada de qué preocuparse". Sin embargo, Quirós reveló que ha exigido a la empresa PYCSA Panamá que se adopten las medidas de protección para los que residen en el área, tanto en la etapa de construcción como cuando ya comience el período de utilización de la vía rápida.
En caso que se vuelvan a producir incidentes de derrumbes, el MOP estaría evaluando la suspensión de la obra, señaló. Adicionalmente el MOP exige a la empresa que revise el diseño final del muro, para que se le coloque un revestimiento de concreto.
Por su lado, el pleno de la Asamblea Legislativa designó una comisión que visitará San Miguelito para investigar en el área los efectos que pudiera ocasionar en las residencias la construcción de la segunda fase del corredor.
Un grupo de moradores de este distrito que podrían verse afectados por la construcción de la obra recibió cortesía ante el pleno, donde expresaron a los legisladores su preocupación por los derrumbes que se han registrado desde que iniciaron las lluvias y ante la posibilidad de que se susciten accidentes cuando inicie el funcionamiento de la vía.
Felipe Cano, legislador del distrito de San Miguelito, expresó que no están opuestos a la construcción de la obra, por el contrario, la consideran necesaria, pero hay que tener presente que no es justo que se logre el progreso ante el riesgo de vidas humanas.
Son más de 300 residencias en las cuales viven más de mil personas que han quedado ubicadas a una distancia de dos metros de la vía y unos quince metros por debajo de esta construcción, lo cual los deja en una posición muy peligrosa.
Indicó que lo más correcto es que se pague a estas personas una indemnización justa de acuerdo al valor que tengan sus casas y de forma tal que puedan mudarse a otro lugar al cual puedan vivir dignamente, pero con el mismo nivel de vida que tienen actualmente.
Según la resolución aprobada por el pleno de la Asamblea, la comisión designada debe viajar al área acompañada de funcionarios del Ministerio de Obras Públicas (MOP) y representantes de la empresa Proyectos y Construcciones S.A. (PYCSA) y presentar un informe el próximo 26 de mayo.
Se espera que los legisladores puedan evaluar la situación en el área e investigar si realmente existe el riesgo de que se produzcan deslizamientos de tierras u otros accidentes que pongan en riesgo la vida de los moradores que viven al margen de la nueva fase del Corredor Norte.
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