La asignación de una partida de B/.4.7 millones, destinadas en el Presupuesto General del Estado para el año 2006, al Despacho de la Primera Dama, puede ser considerada como "inconstitucional", aseguró ayer el ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Edgardo Molino Mola, aunque enfatizó que no es ilegal.
Molino Mola explicó que aunque constitucionalmente no existe la figura de la Primera Dama, en cierta forma la propia Ley de Presupuesto 2006 que establece esta asignación económica, es una forma de reconocimiento legal de esta "viejísima" práctica administrativa de destinarle recursos a este despacho.
Las declaraciones de Molino Mola se dan tras una polémica surgida entre la diputada opositora Mireya Lasso y la primera dama de la República, Vivian de Torrijos, luego que la primera cuestionara el "exagerado" presupuesto para el 2006.
El constitucionalista Miguel Antonio Bernal, señaló que la asignación de esta partida para nada se ajusta a las disposiciones constitucionales.
"Creo que es una buena idea incluir algunos elementos de intercambio de emisiones a fin de que los países tengan cierta flexibilidad necesaria para implementar su compromiso de manera eficiente", comenta.
Pero con este intercambio de emisiones, pareciera como si estuviéramos a punto de presenciar el surgimiento de un nuevo mercado energético.
"Considero que hay un nuevo mercado de dióxido de cabono a punto de surgir. Los países que puedan reducir sus emisiones podrán venderlas en ese mercado común y creo que esto es parte de la idea del acuerdo", asegura el experto.
Con respecto a la transformación del espíritu ambientalista del protocolo de Kyoto en un negocio lucrativo, Grubb cree que el enfoco se mantendrá en al ambiente "debido a que todavía será Kyoto quien ponga las regulaciones básicas de las emisiones."
Un centro de negocios de carbono comenzará a operar en Panamá a partir de abril del próximo año a fin de promover proyectos de energía renovable en Centroamérica y la región sur de México.
Expertos estiman que el mercado de carbono se acrecentará a partir del 2008 cuando la Unión Europea impondrá multas a las industrias que no reduzcan sus emisiones contaminantes.
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