La red que desfalcó B/.1.5 millón del Fondo de Equidad y Calidad de la Educación (FECE) de San Miguelito, también burló los "controles" para la "transparencia" del sistema de contratación pública Panamá Compra.
No se trata de una simple libreta con "cheques en desuso" que la excontadora del FECE, Joaquina Gallardo y su asistente, Mitzi Miranda, se apropiaron y cambiaron, como aseguran una y otra vez la Contraloría y el Ministerio de Educación.
La maniobra incluía adjudicar contratos en Panamá Compra, a la vista de todos, a empresas "brujas", de docentes o familiares, cuyo cumplimiento no fue supervisado por las instituciones responsables ni los planteles educativos involucrados.
Pese a que Gallardo declaró ante la Fiscalía Auxiliar que la red prefería dividir en cifras menores a mil dólares el monto de las obras para evitar los controles de Panamá Compra, logró meter al menos 35 obras y servicios, algunas de las cuales no se realizaron o se entregaron a medias.
hizo un recorrido por 16 planteles de San Miguelito, que, supuestamente, recibieron servicios u obras publicados en Panamá Compra.
¡Sorpresa! Ocho empresas, que la propia Gallardo reconoció como "brujas" o creadas por docentes para beneficiarse de los fondos, aparecen con obras o servicios adjudicadas por B/.56,599.27, más de la mitad de todas las compras que hizo ella a través de este sistema.
Esto ocurrió, pese a que el Gobierno afirma que Panamá Compra es su principal herramienta para garantizar la "transparencia" en las compras públicas y "evitar la corrupción".
Las contrataciones públicas se rigen por la Ley 22, que en su artículo 4 exige que las entidades contratantes revisen "periódicamente" las obras para garantizar su cumplimiento y promover las acciones legales contra los que incumplan.
Si Gallardo y Miranda (ambas detenidas) eran las cabecillas, cabe preguntar: ¿El MEDUCA fiscalizó que las obras contratadas (cuya existencia era pública) se ejecutaran? ¿Cómo empresas brujas se adjudicaron contratos en Panamá Compra y no cumplieron del todo o cumplieron parcialmente?
Son preguntas a las cuales no encontró respuestas en el MEDUCA ni Contraloría.
El contralor Carlos Vallarino reiteró la semana pasada que este peculado se dio por "la apropiación de cheques en desuso que fueron emitidos en comercios por administrativos, docentes y empresarios".
Panamá Compra se creó para garantizar "el fiel cumplimiento de las reglas y principios jurídicos que regulan las contrataciones públicas".
Gallardo, quien era el contacto del FECE de San Miguelito con Panamá Compra, declaró ante la Fiscalía que sus superiores en la Oficina Regional y la sede en Cárdenas, la presionaban para que "favoreciera" con las adjudicaciones a proveedores.
Según Gallardo, el próximo objetivo era sacar provecho de los B/.5 millones que se aprobarían para cambiar las fibras de vidrio en las escuelas.
Agregó que ella recibía paquetes de obras de varias escuelas que contrataban empresas, cuyos dueños eran docentes o administrativos del FECE.
La clave: dar poca información
La información sobre las adjudicaciones que enviaba Joaquina Gallardo a Panamá Compra era escasa.
En la mayoría de los casos no llevaba el nombre del cotizador, la fecha, el nombre de la persona que la aprobaba o las observaciones sobre la contratación.
Curiosamente, el periodo de presentación de ofertas para las contrataciones se abría, en ocasiones, en horas de la madrugada y terminaba pocas horas después. No sobrepasaban las ocho horas.
Los interesados en participar en la contratación no tenían mayores canales de comunicación con Gallardo para esclarecer dudas. En los documentos aparece que no tenía correo electrónico, ni fax.
Las empresas brujas que ganaban contratos presentaban precios unos centavos menos que su principal competidor. La construcción era su principal atractivo por los precios.
