Peligra el liderazgo en abanderamiento de naves

Panamá podría perder su liderazgo en materia de registro de buques bajo su bandera, debido al costo de la certificación de seguridad internacional de sus naves e instalaciones portuarias exigida por la Organización Marítima Internacional (OMI).
La advertencia fue hecha por la Asociación Nacional de Derecho Marítimo, que preside Juan Felipe Pitty, luego que la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) adjudicara a la empresa norteamericana Phoenix Management Services Group Inc. la aprobación de los planes de seguridad de miles de barcos con registro panameño.
La Asociación hizo pública anoche una carta que envió a la administradora de la AMP, Bertilda García, en donde le advierte que los costos que cobrará la Phoenix son "inaceptables" para sus clientes y ponen en peligro el liderazgo de Panamá en el abanderamiento de naves.
El 13 de diciembre del año pasado, la OMI aprobó el nuevo Código sobre Seguridad Marítima, por iniciativa legislativa internacional de Estados Unidos, después de los actos terroristas del 11 de septiembre.
Los países que no cumplan con los nuevos requisitos de seguridad marítima corren el riesgo que a partir de julio del 2004, el resto del mundo cierre sus puertos a naves de su bandera y a carga que transite por sus puertos.
La Asociación reconoce la capacidad profesional de Phoenix en materia de seguridad, protección y lucha antiterrorista, por sus amplios antecedentes en materia militar, de inteligencia, policial y de seguridad industrial marítima, pero cuestiona a la AMP, cómo se escogió a esta empresa y cuántas otras fueron analizadas.
La nota de la Asociación sostiene que las tarifas de entre B/.1,500 y B/.3,000 que cobrará Phoenix son peligrosas, por el "considerable daño potencial" que le haría a nuestra marina mercante.
"Si lo que cobra Panamá no es cónsono con lo que pretenden cobrar nuestros más cercanos competidores por los mismos servicios, corremos el riesgo que los dueños de los barcos de nuestra flota cambien de registro a otro país que igualmente les garantice su inversión", destaca la referida asociación marítima.
El gremio pide a la AMP que se mantenga el cobro de B/. 250 que va a realizar directamente la AMP por emitir cada certificado ISPS, ya que esos fondos van a las arcas del Estado.
Solicita, además, que Phoenix ajuste sus tarifas en forma cónsona con la de nuestros competidores más cercanos, partiendo de un rango mínimo de B/.750 por nave, para evitar desfases de competitividad por el mismo servicio.
Mientras Juan Felipe Pittí dijo que le preocupa que en caso que se mantengan los precios propuestos por la empresa Phoenix, ésta obtenga una utilidad que se calcula entre B/.14 millones y B/.20 millones en diez meses, que saldrían del país cuando se hubiese dado una situación similar a la de Liberia que se encargó como Estado de certificar las naves, con sólo el asesoramiento de algunos especialistas.
Alertó que esta diferencia en el costo de la certificación crea un problema de competitividad de "nuestro registro" y un "incentivo a los armadores a que abandonen en masa la flota mercante panameña".
Igualmente, lamentó que no se haya dado a conocer el proceso de selección de la empresa y que se informara acerca de los detalles de todas las otras compañías que fueron consideradas, que investigación se hizo de cada una de ellas, además de los criterios para la escogencia.
Agregó que la selección de la empresa por medio de la Ley 56 de Contrataciones Públicas, hubiese sido un mecanismo que evitara cualquier tipo de duda, porque en este tema, Panamá no sólo tiene que ser líder en materia de protección, sino de transparencia.No es ilegal la selección por la vía directa, pero si es importante que se hiciese a través de un acto transparente informando a quien más se evaluó y cuáles fueron los parámetros utilizados.
Acotó que la AMP emitió una resolución administrativa otorgando un reconocimiento a la empresa Phoenix Management Services Group Inc, sin que se establecieran condiciones de cumplimiento o vigencia de dicho contrato.
Esta empresa está representada en Panamá por Phoenix Vessels Service Inc., cuyo agente residente es Moncada y Moncada.
En tanto, el abogado y empresario, Ebrahim Asvat, cuestionó que no se haya llamado a una licitación internacional para asignar esta responsabilidad y citó que la misma empresa declaró que no cuenta con el personal idóneo y para tal efecto contratará cerca de 100 personas adicionales para cumplir con la certificación.
A juicio de Asvat, este inconveniente le significa a la empresa que está en una carrera contra el tiempo, ya que no cuenta con el periodo suficiente para inspeccionar las naves antes del 1 de julio próximo.
Otro de los inconvenientes que tiene esta empresa para certificar las naves de bandera panameña, es que su base de operaciones está en Miami y carece de presencia en los puertos de oriente donde está el mayor número de naves registradas bajo bandera panameña.
También cuestionó que sin ningún tipo de llamado a una licitación internacional, la AMP haya otorgado un monopolio a una empresa, lo que deja a los armadores sin ninguna alternativa y los obliga a los a pagar las tarifas fijadas.
En la AMP se aclaró que no se trata de un contrato, sino un reconocimiento a la empresa estadounidense para que se encargue de certificar el cumplimiento del ISPS, sin embargo, ningún funcionario de alto nivel se mostró dispuesto a acceder a dar declaraciones para aclarar algunos planteamientos surgidos alrededor de esta selección. Panamá tiene que dar cumplimiento a la norma de la Organización Marítima Internacional con respecto al nuevo código de protección de los buques y las instalaciones portuarias (ISPS) que debe entrar en vigencia el 1 de julio del próximo año.