El hurto de piezas arqueológicas es un negocio internacional que ha prosperado en los últimos años a raíz de la devastación del patrimonio histórico y cultural de diferentes países. Nos referimos al mercado negro o clandestino de piezas arqueológicas y obras artísticas que anualmente producen ganancias exorbitantes a dueños de casas de subastas internacionales e intermediarios.
Estos compradores propician una nefasta explotación y comercio de riquezas sustraídas de diferentes países, borrando de paso los testimonios de un pasado de esplendor histórico y artístico. Todas las piezas hurtadas o robadas son vendidas en casas de subastas en países como Estados Unidos, Italia, Londres y otros de Europa.
Otras veces son recuperadas en base a convenios de devolución. Por ejemplo, piezas del Perú como la escultura de Maguey, la corona de Oro Chavin, el protector coxal o cadera del Señor de Sipán, valoradas por un estimado de 1.6 millón fueron recuperadas con la ayuda de la INTERPOL de Estados Unidos.
En Panamá se han suscitado tres robos de piezas arqueológicas, que lesionan nuestra cultura: el primero fue al Museo Nacional en los años de 1970; luego durante la invasión de 1989 cuando saqueadores desconocidos se aprovecharon del pánico colectivo que vivió la capital y se introdujeron al Museo Antropológico Reina Torres de Araúz y al Museo de Historia.
En esa ocasión, el Salón de Oro del Museo Antropológico, afortunadamente, no pudo ser violentado, pero sí fueron sustraídas unas piezas que se encontraban en una caja fuerte del sótano.
Sin embargo, a mediados de febrero pasado, el Museo Antropológico Reina Torres Araúz, ubicado en la Plaza 5 de Mayo, fue objeto de hurto. Desconocidos entraron y abrieron sin violencia 19 vitrinas del Salón de Oro en los que había piezas arqueológicas de un valor incalculable.
El hurto de piezas arqueológicas representa una pérdida a nuestros antecedentes históricos, ya que la cultura es de carácter exclusivo, único e irrepetible. Los objetos arqueológicos hurtados fueron elaborados mediante un proceso que se llamaba de cera perdida que consistía en hacer un primer molde que luego se fundía en oro y se reemplazaba la cera.
La colección del Salón de Oro estaba compuesta aproximadamente por 300 piezas precolombinas, auténticas y únicas. Cada pieza podría estar formada por 20 ó 15 elementos, explicó el director nacional de Patrimonio Histórico del Instituto Nacional de Cultura (INAC), Carlos Fitzgerald.
Las piezas sustraídas representan un 75% de lo que se encontraba en el salón y hasta ayer fueron recuperadas gran parte de ellas, las cuales estaban en posesión de un ciudadano panameño que las iba a vender en Calle 50. La sustracción se registró de una forma selectiva, ya que no se llevaron todas las piezas. Entre las que se encuentran en el salón está el entierro del Sitio Conte.
Lo cierto es que las personas que ingresaron al Salón de Oro sabían claramente qué estaban buscando. Según Fitzgerald, entre las piezas hurtadas figuran un maniquí con una banda de oro martillado en la cabeza con aretes y nariguda, collares con cuentas de oro grande en el pecho, brazaletes en los brazos y antebrazos y anillos. Todas las piezas son originales y se exhibían en conjunto para representar la manera como se ataviaban los personajes principales.
Para cada pieza no hay una fecha exacta. Es posible que un conjunto arqueológico como éste tenga más de mil años de antigüedad, ya que estos tipos de objetos aparecen en el registro arqueológico alrededor de 700 años D.C, manifestó Fitzgerald.
Entre las piezas hurtadas se encuentra una en forma de ave con las alas y cola desplegadas, y un pequeño collar de cuentas. Fitzgerald explicó que es una ave con pico curvo y ojos saltones, pero se nota que la manufactura fue imperfecta, ya que los bordes de las alas y la cola están parcialmente rotos.
También fue sustraída una variedad de piezas en forma de colgantes o pendientes avioformos, que representan usualmente aves con las alas y las colas desplegadas. Los pendientes en forma de aves fueron descritos por Cristóbal Colón en su cuarto viaje, cuando llegó a territorio panameño.
Para Fitzgerald, en la sociedad panameña tenemos dos grandes problemas uno es la falta de conciencia y el otro es no saber distinguir entre lo que es la propiedad privada, la pública y el patrimonio histórico de la Nación, es decir, la herencia cultural.
Según Rafael Ruiloba, ex director del INAC, el hurto al Museo Antropológico ocurrió de una forma que ha colocado en evidencia a la administración, ya que se registró con una serie de anomalías.
Las anomalías a la que se refirió Ruiloba son que el museo no tenía seguridad, las cámaras de vídeo habían sido apagadas, las puertas de la bóveda se encontraban sin llaves y la puerta que contaba con combinación, carecía de ésta.
Para ingresar donde estaba la Colección de Oro había que tener llaves de la puerta de acceso a la bóveda, la combinación de la bóveda de igual modo, la llave de la tercera puerta de seguridad. Además, las vitrinas en donde se encontraban las piezas también contaban con llaves.
Ruiloba señaló que las personas que entraron y salieron del museo debían haber tenido todas las llaves para el menester. Las llaves del candado y la puerta trasera o las llaves de las dos puertas delanteras incluso la de la puerta del patio o la terraza. Lo cierto, de acuerdo a esta versión, es que para sustraer las piezas no fue violentada ninguna puerta.
Cabe mencionar que cada persona que tenía acceso a las llaves y combinación de la bóveda se encuentran detenidas. Entre las que figuran la secretaria general del Museo Antropológico Reina Torres Araúz, Beatriz de Ruiz.
Para el ex director del Instituto Nacional de Cultura, el problema fundamental de los robos a las piezas arqueológicas es la impunidad producto de un vacío jurídico que hay en el país, por falta de una ley que castigue a los ciudadanos que incurran en este delito.
Rafael Ruiloba expresó que en Panamá la pena a una persona que hurta una pieza arqueológica no compensa el daño al patrimonio histórico y el beneficio que obtiene el delincuente. Por lo tanto, no hay una correlación entre el delito y la pena al tratarse del patrimonio histórico.
La ley 14 del 5 de mayo de 1982 se refiere a medidas sobre la custodia, conservación y administración del Patrimonio Histórico de la Nación. En la misma se prohíbe el tráfico ilícito de bienes culturales y la huaquería, término popular para referirse a las personas que se dedican a escarbar ilegalmente yacimientos arqueológicos.
Según Fitzgerald, la primera ley contra el tráfico ilícito de bienes culturales data de 1925 y fue reiterada por otras leyes en los años de 1941 y 1946, lo que indica que en varias ocasiones a lo largo de la historia en Panamá se ha regulado esta actividad.
El artículo 28 de la Ley N° 14 señala que toda agencia o persona que no está autorizada para realizar investigaciones o excavaciones de sitios arqueológicos sufrirán decomiso del material de que se trate y multa de B/.1.000.00 a B/.10.000.00. De igual modo, el artículo 29 estipula una multa de B/.10.000.00 la falsificación de piezas históricas o artísticas.
Los recursos disponibles para proteger el patrimonio histórico son escasos, ya que no hay fondos suficientes para pagar personal seguridad capacitado para custodiar los objetos arqueológicos y tener suficientes cámaras de vídeo, señaló Fitzgerald. Además, comentó que no es problema de este Gobierno, sino de todos los gobiernos. Por lo tanto, la Dirección Nacional de Patrimonio Histórico dependen de la buena voluntad, la buena fe y el respeto a las leyes que puedan tener cada uno de los ciudadanos.
Desde 1973 Panamá tiene un convenio con la UNESCO en el que se compromete a proteger el patrimonio histórico, a través de la Ley N°6 del 8 de noviembre de 1973 y la Ley N° 9 y 10 de 1977.
En Panamá, mediante la Ley 33 del 26 de marzo del 2003 se aprobó el Convenio entre Ecuador para proteger y recuperar los bienes culturales, naturales y otros específicos robados o exportados ilícitamente. De igual forma, se aprobó la Ley 34 en la que se establece proteger, conservar, recuperar y devolver los bienes culturales, arqueológicos, artísticos e históricos robados, exportados o transferidos ilícitamente entre Panamá y Perú.
Panamá tiene convenios de devolución de bienes culturales con varios países y los años para reclamarlos no prescriben. Por lo tanto, después de pasar 20 años de ser hurtadas pueden ser reclamadas siempre que se cuente con su debida identificación que demuestre su verdadero origen, señaló Fitzgerald.
Las piezas hurtadas son de un valor incalculable y únicamente se avalúan arbitrariamente cuando van a viajar a exposiciones, ya que las piezas tienen que estar aseguradas contra accidentes o robo, manifestó Fitzgerald. Sin embargo, las piezas hurtadas tienen un valor aproximado en el mercado internacional de B/.40 millones.
Para Ruiloba el problema real de que Panamá se haya convertido en el paraíso internacional de los malandrines y facinerosos, es debido a que los actuales legisladores no han creado una ley que penalice el tráfico de bienes culturales. Por otro lado, siempre ha existido la sospecha por parte de la UNESCO que hay una red de carácter internacional que está a la caza de piezas que pueden ser negociadas.
Luego de que las piezas son sustraídas, el paso siguiente es introducirla en los mercados de compraventa de obras de arte y antigüedades, pero habitualmente antes de colocar las piezas robadas a la venta, los delincuentes las mantienen ocultas durante un tiempo hasta que disminuye la actividad policial y la atención sobre los canales de salida, posteriormente la venden en puntos alejados del lugar de sustracción. El encargado de colocar la pieza en el mercado no es el autor del robo, sino el intermediario, el cual tiene los contactos necesarios con este mundo (anticuarios, coleccionistas, particulares, etc.) y por tanto, es el que puede obtener un mayor beneficio económico.
Los robos de encargo, considerando que son aquellos en los que ya antes de cometerse la sustracción existe un destinatario final, son muy escasos. Aunque es cierto que con bastante frecuencia los delincuentes van buscando una pieza determinada.
Estos intermediarios tienen conocimientos artísticos, fruto de una amplia experiencia, aunque sin ninguna base académica y generalmente no son profesionales establecidos con comercio legal, aunque existen excepciones. Suelen tener antecedentes o han tenido algún problema por alguna operación de compraventa realizada, por lo cual son perfectamente conocidos por los unidades policiales especializadas. Sin embargo, estas personas son las que se encargan de marcar la pieza interesante.
Pero antes de que la pieza sustraída llegue al destinatario final, normalmente habrá pasado por varias manos, es decir, se habrá blanqueado, utilizando un símil del tráfico de drogas. Por ello, es bastante habitual que aparezcan en el mercado legal, obras que en su origen tenían mala procedencia. De esta manera, bienes culturales robados aparecen en salas de subastas internacionales que se instalan en ciertos lugares como Nueva York o Londres. Hay que tener en cuenta que cuando una obra aparece en un comercio, normalmente el anticuario desconoce su origen ilícito, pues de otra forma no la tendría expuesto a la vista del público, aunque otra situación muy distinta es que la tenga oculta en un almacén o en algún otro lugar no visible.
(el hurto histórico)
