Pena de prisión para quien promueva casas en riesgo

LOS SERVIDORES públicos que promuevan la invasión de terrenos inundables y poco propicios para habitar por sus riesgos, o que otorguen permisos de obras o proyectos en estas áreas, podrán tener de 3 a 6 años de prisión, tras aprobarse el proyecto de ley que castiga a los delitos contra el ambiente.
Igualmente, los representantes de las empresas promotoras de vivienda que pongan en peligro al ambiente o a la vida de la población, recibirán sanción de cárcel, de 2 a 4 años.
En ese sentido, los representantes de las empresas que incumplan con los estudios y auditorías de impacto ambiental, o programas de adecuación y manejo ambiental, serían sancionados con pena de prisión, de 1 a 3 años.
Por su parte, el servidor público que ignore la normativa ambiental correspondiente a sus funciones, promueva la aprobación o apruebe un estudio de impacto ambiental en una categoría menor a la que realmente corresponde, también recibirá penas de cárcel de 20 a 40 meses e inhabilitación para ocupar cargos públicos hasta por 5 años.