La procuradora de la Administración estableció que la represión aislada no sirve de nada, ya que sólo se conseguirá un aumento de la población penitenciaria que se transformará en fugas y reyertas dentro de los centros de resocialización.
Consideró que es necesario un planteamiento integral del problema de la delincuencia y estimó que esta discusión no debería hacerse en las sesiones extraordinarias de la Asamblea Legislativa, porque no habrá tiempo para una buena discusión.
Por su parte, el fiscal Herrera dijo que la cadena perpetua no es una solución por si sola, debido a que es necesario adoptar toda una política contra la delincuencia.
Alegó que por ejemplo en Panamá no se puede aplicar la pena de muerte, porque el país es signatorio de acuerdos internacionales en donde queda prohibida su vigencia.
No obstante, consideró la necesidad de mantener a algunos delincuentes alejados del resto de la sociedad, porque han cometido crímenes muy graves y son personas no resociables.
Indicó que en el sistema judicial existe una desproporción en la aplicación de las penas, en donde delitos menores tienen sanciones elevadas y otros considerados graves muy bajas.
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