Pendiente fallo sobre Miradores de la Bahía

LA DENUNCIA interpuesta por algunos residentes de Paitilla contra la empresa constructora del proyecto residencial Miradores de la Bahía, sigue siendo una tarea pendiente para la Corte Suprema de Justicia.
Corresponde a esta instancia determinar la viabilidad de exponer los planos de la obra, que los demandantes consideran una violación a las normas mínimas de urbanismo. Para ello, tendrán que examinar la legislación vigente al respecto, en la que ambas partes de la polémica se amparan.
Los denunciantes se escudan en la Ley 6, de enero de 2002, sobre transparencia en la gestión pública para exigir la exposición de los planos del proyecto, los cuales reposan en la Dirección de Obras y Construcciones del distrito de Panamá.
La norma define como "derecho de libertad de información" a la prerrogativa de cada persona para obtener información sobre documentos, archivos y registros, en poder de las instituciones.
Salvo excepciones, el Capítulo II de la norma permite a toda persona solicitar información de acceso público, sin necesidad de justificar su motivación.
Quienes erigen la obra, también tienen normas a la cuales apelar. Una de ellas la Carta Magna y la Ley 15 de agosto de 1994.
Esta última, establece en su sexto artículo que el autor de una obra, es quien posee los derechos morales y patrimoniales sobre la misma. La naturaleza de la creación es diversa; en la misma se incluyen obras de arquitectura y arte aplicado, así como ilustraciones, mapas, planos y bosquejos.
La opinión de la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos (SPIA) ha sido muy valorada a la hora de resolver la polémica solicitud de los residentes de Paitilla, en la cual se incluyen dos ex presidentes de la República.
No obstante, el presidente de este organismo, Valentín Monforte se abstuvo de opinar sobre la construcción de "Miradores de la Bahía", pues aseguró desconocer a fondo los detalles del caso.
Aún así, Monforte aprovechó para dejar claro lo que consideró una mala interpretación a sus declaraciones.
El presidente de la SPIA aseguró que la reunión de la Junta Directiva y la expedición de una nota sobre el particular, publicada en los medios impresos de comunicación, fue motivada por las declaraciones erradas dadas por otro miembro de la SPIA.
No obstante, Monforte confirmó el punto de vista del gremio que preside, coincidiendo con lo expresado en su comunicado público.
En la nota, deja constancia de que los planos arquitectónicos son "documentos privados auténticos" luego de su registro oficial.
La firma de arquitectos Mallol & Mallol han expresado que el edificio se construye sobre terrenos titulados y de zonificación RM-3, correspondiente a residencial de alta densidad.
La ponente del caso, la magistrada Esmeralda de Troitiño es la ponente en la apelación interpuesta por los demandantes, tras la negación del habeas data, en el pleno de la Corte Suprema de Justicia.
Salvo pocas excepciones, "el autor es el titular originario de los derechos patrimoniales de la obra".
(primera entrega)