Siete años después de que se descubrió la primera víctima por el consumo del jarabe dietileglicol, los involucrados en el tema no han logrado ponerse de acuerdo en la cifra exacta de personas víctimas del envenenamiento masivo.
Pero la aprobación en primer debate del proyecto de ley 582 que contempla una pensión vitalicia de 600 dólares mensuales para las personas afectadas, permitirá que a corto plazo esa polémica se resuelva.
El informe preliminar de la Caja de Seguro Social (CSS) da cuenta de que mil 500 personas podrían ser certificadas por el Instituto de Medicina Legal (IMEL) de que padecen las secuelas del veneno. Para ese número de pacientes que lleva meses en el Centro Especial de Toxicología (CET) de la CSS en busca de esa certificación hay una batalla ganada. A su favor tienen 6 millones de dólares que la CSS estima será el gasto anual para compensar en parte el daño desatado en 2006, que causó más de un centenar de muertos.
Correspondió al ministro de Salud, Javier Díaz, hacerle frente al reclamo de las víctimas y familiares de las víctimas. Tras varios años de protestas y marchas en busca del reconocimiento económico de las autoridades, Gabriel Pascual, del Comité por el Derecho a la Salud y la Vida, dice que la cifra de la pensión vitalicia responde a un consenso entre los afectados, el Ministerio de Salud y la CSS.
Aprobada la ley, que el lunes debe continuar en segundo debate, los pacientes que hayan presentado denuncia o sepan que hayan consumido el jarabe tienen 60 días después de promulgada la ley para que se presenten al CET e iniciar los trámites, de modo que el IMEL pueda declarar si la persona es víctima o no con afectación a su salud.
Sin embargo, este proceso, según los afectados, es el paso que se convierte en todo un “vía crucis”. En el CET la demanda rebasa la cantidad de pacientes y posibles afectados.
Una fuente de la CSS confirmó que solo existen 5 médicos especialistas, y la directora del CET, asignados al seguimiento médico y compilación de los documentos que el IMEL requiere para su evaluación.
Sobre el tiempo que le toma a una persona certificarse en el IMEL, confirman que la falta de personal y documentación a tiempo es la causa de que el tiempo se prolongue. “La certificación depende de que el expediente clínico esté completo, de que la persona ha sido evaluada de acuerdo a los criterios. Uno de los problemas es la limitación de recursos, y el número de médicos asignados no es suficiente”, contó la fuente.
Pascual confía en que con la entrada en vigencia del proyecto que modifica artículos de la Ley 3 de 2010, sobre el seguimiento a las víctimas por la intoxicación, la CSS haga los ajustes necesarios para que la carga de los afectados sea más liviana y logren cuanto antes ser beneficiarios de la pensión vitalicia de 600 dólares.
Según dijo, ese rezago en la disposición de personal es lo que mantiene a más de mil 200 expedientes en el CET que no han logrado una certificación.
El proyecto de ley 582 establece el beneficio para el cónyuge del 100% si no tiene hijos en la universidad, inválido o menor de 18 años. De lo contrario, el beneficio se distribuirá al 50% entre el cónyuge e hijos.
El presidente del Órgano Legislativo, Sergio Gálvez, dijo “Si tenemos que llamar a una sesión especial, lo haremos, y a más tardar el próximo lunes se iniciará la discusión en segundo debate del proyecto”.
