La supuesta pérdida de pruebas en la investigación contra la exviceministra de Desarrollo Social Zulema Sucre deja en evidencia la impunidad y justicia selectiva que se aplica a favor de los allegados del Gobierno.
A esta conclusión han llegado juristas y miembros de la sociedad civil que piden esclarecer cuál ha sido el manejo al caso en el que fueron destituidos tres escoltas por negarse a pasear a Gucci (un perro de la exfuncionaria).
Juristas plantearon que ya no es una sorpresa que se dé un tratamiento dramatizado a investigaciones contra opositores del Gobierno, mientras que en casos como el de Gucci se intenta ocultar el delito.
El exvicepresidente Arturo Vallarino señaló que esta es una muestra más de la selectividad que se viene denunciando y la impunidad que impera en el país para los allegados del poder gubernamental.
"El momento que se ve a Gucci con un suéter de Varela, uno puede ver que no habrá sanción, a pesar de lo expuesto por los abogados", sostuvo Vallarino.
En este sentido, el representante de la Alianza Ciudadana Pro Justicia Carlos Lee señaló que los actores de la ley no deben estar condicionados por quién está gobernando.
"Cualquier investigación que estén realizando, sean personas vinculadas o no al gobierno de turno, debe ser intrascendente para las decisiones que apliquen; no puede haber una justicia conforme a las personas", declaró.
Añadió que la administración de justicia debe ser un ente independiente para que los fiscales no sean utilizados para determinaciones políticas.
Por su parte, el abogado Neftalí Jaén señaló que deben evaluarse las acusaciones que se realizan y la pena que debe aplicarse por una posible pérdida de pruebas, que necesita ser aclarado por el Ministerio Público, pues podría ser con la finalidad de beneficiar a la persona indagada.
"Máxime por los tiempos que estamos viviendo, porque desde hace 24 meses todos los días vemos un caso que se está investigando, y deseamos creer que no se está aplicando una justicia selectiva", sentenció Jaén.
La Fiscalía Quinta Anticorrupción suspendió la indagatoria, pero no se explicaron las razones y no le aplicaron medidas cautelares debido a que la indagatoria no ha concluido.
La exviceministra había renunciado a su cargo el 1 de marzo de este año, por solicitud del presidente Juan Carlos Varela.
