La creación de pozos profundos para enfrentar el problema de la sequía que azota a la región central del país es una de las alternativas propuestas por el gobierno, la que es considerada la solución más efectiva para no afectar la producción de más de un centenar de agricultores.
Orlando Quintero, subdirector del Banco de Desarrollo Agropecuario (BDA), aseguró que esa es la ayuda más coherente, pues a través de la entidad se cuenta con el recurso económico disponible que asciende a B/.2 millones aproximadamente. Dijo que esa es una solución temporal, sobretodo, para el sector pecuario, que es el más afectado.
Explicó que se han hecho evaluaciones en el área de las provincias de Los Santos y Herrera específicamente y se ha podido comprobar que por el momento el problema no se está presentando de la manera trascendental como se ha querido hacer ver, pues el productor conociendo del problema que se veía venir se preparó con los sistemas adecuados para hacerle frente, ya que era algo que tenía previsto para el presente año.
Apuntó que con la puesta en marcha del sistema de pozos se puede dar una solución a los afectados, y consideró que el problema no se debe agravar más de acuerdo con las previsiones. Sin embargo, reconoció que para los próximos años se debe ir ejecutando otra clase de programas más adecuados, pues la falta de agua tiende a intensificarse cada vez más.
De igual manera, Quintero se refirió al aumento de la cartera crediticia con la que cuentan en la actualidad, que de B/.70 millones se elevó a unos B/.155 millones, que se han invertido en el sector primario nacional, a fin de apoyar la labor productiva.
"Ese juez de niñez y adolescencia que debe atender una situación tan especial como un delito tan grave como el homicidio tiene que atenderlo junto con 8 mil y tantos casos más", expresó. Indicó que a diferencia de la justicia para los adultos, los delitos pequeños son atendidos por un juez municipal, los de orden un poco mayor por jueces de circuitos, mientras que los homicidios son referidos a un Tribunal Superior de Justicia.
"Ese juez que tiene que darle respuesta inmediata a una niña abusada o contagiada por SIDA, le llega a la vez un caso de un robo a mano armada donde tiene que juzgar a un menor", comentó.
El endurecimiento de penas a los adolescentes que delinquen ha generado durante esta semana el rechazo de diversos organismos y personalidades involucradas en el tema de menores infractores.
A juicio del director ejecutivo del Centro de Iniciativas Democráticas, Jorge Giannareas, el aumento de penas no contribuirá a reducir la criminalidad, pues las leyes penales no son para resolver los problemas de delincuencia. Reconoció que las reformas mejoran la aplicación de aspectos técnicos de la Ley 40, pero en nada contribuirán a prevenir la delincuencia.
En tanto, el presidente del Comité Panameño por los Derechos Humanos, Manuel Cupas, consideró que los cambios no han sido muy significativos, pero estimó que lo fundamental es que se respete y se cumpla con la legislación. Mientras que el secretario general de la Defensoría del Pueblo, James Bernard, indicó que el aumento de la pena no resuelve el problema de la criminalidad de adultos ni la juvenil.
El legislador arnulfista y proponente de las reformas aprobadas a la Ley 40, Marcos González, proponía 20 años de prisión para los menores que delinquen, pero su propuesta fue reducida hasta siete años de prisión y en ciertos delitos. Según el legislador, más de 800 personas se encuentran incapacitadas y niños huérfanos ante la pérdida de familiares tras delitos cometidos por los menores de edad en Panamá.
Señaló que la iniciativa se presentó en función de los habitantes del distrito de San Miguelito y de los transportistas, "que son los que han puesto los muertos producto de la violencia de los menores." Según cifras del legislador González, el año pasado los menores de edad se vieron involucrados en más de diez homicidios.
Cifras proporcionadas hasta el 2001, señalan que existen 938 procesos contra menores de edad, de los cuales 790 corresponden a robos, 61 a violación carnal, 49 al homicidio culposo, 35 tráfico de drogas y tres al secuestro.
Durante 1997, que fue un año delictivamente alto, la criminalidad de menores sólo fue del 3%, en 1998 llegó al 2.6%, en 1999 bajó a 1.9%, en el 2000 se mantuvo igual y en el 2001 ascendió a 3.1%, según cifras de la UNICEF.
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