En el cuarto día del juicio que se le sigue a seis personas por el homicidio del exgobernador de Coclé, Darío Fernández, la atención se centró en las irregularidades que se detectaron en los trámites para adquirir una finca, que fue el detonante para que se dieran los hechos que culminaron con la muerte de político y periodista.
La finca 070, ubicada en Piña, Colón, fue puesta a nombre de la madre, de 90 años, del exgobernador, quien investigó y descubrió la estafa.
Ayer, dos peritos contables, que laboran desde hace 40 años en la hoy Autoridad de Ingresos, fueron a declarar y por varias horas dieron a conocer todas las irregularidades que giran alrededor de esta finca, que motivó la realización de una auditoría ordenada por el despacho superior en 2008, a través de un correo electrónico, ya que había una denuncia criminal contra el ministro y el director de Contraloría de ese entonces.
El último dueño de la finca de 12 hectáreas fue el grupo Terracop, ya que supuestamente se las vendió Juan María Jaén, pero con la cédula de Juana Marta Jaén, madre de Darío Fernández y este, al enterarse por una funcionaria de Ingresos de lo que sucedía, inició la investigación para ver quién había utilizado el nombre de su madre.
Las transacciones se hicieron en Ingresos de Penonomé y Aguadulce, a pesar de que era una finca de Colón.
El juicio debe continuar hoy en la ciudad de Penonomé.
