Los permisos laborales y de estudio concedidos a reclusos se mantendrán a pesar de la petición hecha por el procurador José Antonio Sossa, para que sean suspendidos, aseguró el ministro de Gobierno y Justicia, Arnulfo Escalona, quien informó que esta semana se realizará una reunión para la aplicación de posibles reformas al mecanismo de otorgamiento de estas medidas.
Escalona señaló que los permisos laborales y de estudio no se han suspendido a pesar de la petición del procurador Sossa, debido a que se ha cumplido con todas las normas previstas por la ley para conceder este beneficio.
No obstante, explicó que esta semana se realizará una reunión con las partes interesadas en el tema con la intención de introducir cambios al sistema por el cual se conceden los permisos. Precisó que para el encuentro se ha citado al procurador Sossa y al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Adán Arnulfo Arjona, para analizar todo el problema de la criminalidad registrada en el país en los últimos meses.
Sostuvo que este es un tema donde se requiere la participación de los gremios de abogados, el Ministerio Público, el Organo Judicial y la Policía, para que expongan los puntos donde se requieren ejecutar reformas.
Detalló que tras la discusión se realizará un informe para tomar acciones concretas en aquellos temas en donde exista concordancia para introducir cambios que permitan enfrentar la delincuencia y lograr la resocialización de quienes infringen la ley.
El procurador Sossa remitió una nota al ministro Escalona en donde solicitaba la suspensión de todos los permisos laborales y de estudios concedidos, luego de establecer que a dos reos condenados por delitos graves se les había otorgado estas facilidades. Sossa también críticó a la directora de Sistema Penitenciario, Concepción Corro, por el otorgamiento de estos permisos a reclusos condenados por delitos de homicidio.
En el Legislativo, como en el Ejecutivo y Judicial, se dan situaciones de dádivas y privilegios y también de suplencias. En primer término debe haber una voluntad política de gobernantes y gobernados de hacer cuanto antes las reformas que pongan punto final a esta trilogía nociva que es los suplentes, partidas y privilegios. Estos últimos se pueden eliminar a través de una ley sin necesidad de tocar la norma constitucional porque estos privilegios los han ido introduciendo a través del reglamento interno, lo mismo para el judicial y el ejecutivo.
Asimismo hay que eliminar toda partida circuital, secreta, discreta, que no pasen por el tamiz de la institucionalidad y los controles que debe tener la sociedad.
No es dinero del gobierno, partidos u órganos del Estado sino dineros del erario que deben manejarse como la mujer del César: ser honestos y sobre todo parecerlo.
Si hay cosas que debemos aprender de otras sociedades latinoamericanas es casualmente que ellas han ido eliminando a los suplentes de legisladores y magistrados, que en Panamá es una situación gravísima, no sólo por la manera como se nombran sino porque los mismos están en un permanente y abierto conflicto de interés. En el Ejecutivo hay que eliminar las figuras del vicepresidente porque son unos buenos a nada.
No estoy prensando en personas sino en las posiciones. Los vicepresidentes deben dejarse a los museos. Por otro lado, el reloj de la inmunidad se detuvo hace varias décadas y no nos hemos dado cuenta. La inmunidad está desapareciendo en su concepción tergiversada de las cuales se valieron algunos en situaciones muy especiales.
Debemos pensar más bien en la inmunidad del ciudadano para tener derecho a expresarse libremente sin temor que se le puedan aplicar medidas que contrarían dicha libertad. La inmunidad, en resumen, no debe salirse del foro o del escenario del hemiciclo donde actúan como representantes. Fuera de allí no debe existir la inmunidad. Lo que hay es una grandísima impunidad para no cumplir con responsabilidades familiares, o contraídas como deudas.
