Las maquinarias deben estar calentando motores, porque el trabajo que les espera es bastante: extraer arena continental en unas 201 hectáreas que -hasta hace 25 días- pertenecían a un área protegida por ley, de concesiones mineras.
El pasado 23 de mayo el Ejecutivo sacó de la Reserva Minera de El Valle, las 201 hectáreas. Ese día, aún de mañana, se presentó en la Dirección de Recursos Minerales del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) una solicitud para extraer arena en 50.8 hectáreas de las áreas que hace pocas horas el Ejecutivo había puesto a disposición de la actividad minera.
En horas de la tarde se presentó una segunda petición para extraer arena en otras 150.4 hectáreas, las cuales comprenden precisamente el restante de las 201 hectáreas que habían sido excluidas de la Reserva Minera de El Valle ese mismo día.
Aunque la justificación que dio el gobierno para separar estos terrenos del sitio protegido de extracciones era el supuesto interés de "desarrollar proyectos turísticos" en esos lugares, El Panamá América confirmó que las aspiraciones reales de por lo menos uno de los solicitantes, es la mera extracción de arena.
En tanto, la Cámara Minera de Panamá resultó "sorprendida" por la decisión del Ejecutivo de separar de la Reserva Minera de El Valle las 201 hectáreas, debido a que -aseguró- este gremio ha solicitado en diversas ocasiones que se separen áreas para la extracción, sin haberlo logrado hasta el momento.
Mediante una Resolución Ejecutiva, la presidenta Mireya Moscoso excluyó de la Reserva Minera de El Valle un total de 201 hectáreas de arena continental, las cuales están ahora a disposición de inminentes concesiones para extracción.
La Resolución Ejecutiva No. 1, que modificó los límites de la Reserva Minera de El Valle, fue promulgada en Gaceta Oficial el 23 de mayo de 2002. El mismo 23 de mayo se presentaron dos solicitudes para extraer minerales en los sitios que la resolución recién promulgada había excluido del área protegida de concesiones.
Para la Cámara Minera de Panamá fue una "sorpresa" la exclusión de estas 201 hectáreas de la Reserva Minera de El Valle, debido a que el gremio ha manifestado en reiteradas ocasiones su interés porque se separen lugares para la extracción de arena continental de esas áreas protegidas, pero nunca pudo lograrlo.
"Para nosotros fue una sorpresa ver que se reincorporaba al régimen de concesiones estas áreas de la reserva, cuando en la Cámara hemos estado interesados en que se levanten áreas, porque realmente es necesaria la alternativa de extraer arena continental", dijo Gustavo Pinilla, presidente de la Cámara Minera de Panamá.
En sus consideraciones, la Resolución No. 1 sugiere que las 201 hectáreas, divididas en tres zonas, serán utilizadas en el desarrollo de proyectos turísticos, lo cual no coincide con los planes de los solicitantes, pues han manifestado explícitamente su interés de extraer arena.
El Ejecutivo decidió dejar a disposición de las concesiones mineras las 201 hectáreas "considerando que existe interés por parte de terrenos localizados dentro de la reserva en desarrollar proyectos turísticos en la zona...", según se desprende de la resolución suscrita por la presidenta Mireya Moscoso y el titular del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), Joaquín Jácome.
Además argumenta la resolución que "... es primordial para el Estado lograr el desarrollo de actividades que beneficien a nuestras comunidades más apartadas, y a la vez promover el turismo como fuente generadora de divisas..."
Pero más adelante, en el segundo punto resolutivo, la norma Ejecutiva manifiesta claramente que el lugar será destinado a desarrollar actividades mineras, debido a que establece: "reincorporar al Régimen de Concesión Minera las zonas señaladas a continuación...". Luego la resolución señala las coordenadas geográficas de tres zonas que el Ejecutivo pone a disposición de los extractores de minerales.
Las dos primeras zonas excluidas de la Reserva Minera de El Valle fueron: Una de 50.4 hectáreas y otra de 100 hectáreas, ubicadas en la entrada El Higo y El Espino, respectivamente.
La empresa Rancho Bajo Robles, S.A., solicitó ante la Dirección de Recursos Minerales del MICI, permiso para la extracción de arena continental en ambas zonas, que son propiedad de esta sociedad anónima y que suman 150.4 hectáreas, según consta en el Registro Minero.
La tercera zona, una de 50.8 hectáreas localizada frente a la población de Santa Clara, distrito de Río Hato, provincia de Coclé, también fue solicitada formalmente para la extracción de arena continental el 23 de mayo, horas después de que la Gaceta Oficial la sacaba del área protegida de explotación minera. De acuerdo con el Registro Minero, esta solicitud fue efectuada por el ciudadano Bredio Gutiérrez.
Aunque el artículo 301 del Código de Recursos Minerales establece que el contenido del Registro Minero es público, la Dirección de Recursos Minerales del MICI rehusó el pasado jueves 6 de junio permitir el acceso a este documento. No fue hasta el lunes 10 de junio cuando la jefa de ese despacho, Francia de Sierra, permitió sacar copias, pero sólo de una parte del Registro Minero.
La funcionaria también prohibió el acceso a los expedientes de las solicitudes de extracción presentadas el 23 de mayo, aunque admitió que parte de este documento es información pública.
Al preguntársele si los dos solicitantes de las concesiones aspiraban a desarrollar proyectos turísticos o solamente de extracción de arena, Francia de Sierra se limitó a responder que no sabía, pese a que ésta también es información pública.
En tanto, el presidente de Rancho Bajo Robles, S.A., Enrique Illueca, confirmó que el proyecto que aspira a realizar en las 150.4 hectáreas "es de tipo industrial, para el procesamiento de arena continental" y que el mineral será extraído para fines comerciales.
Por su parte, el presidente de la Cámara Minera, Gustavo Pinilla, consideró que lo más adecuado sería que el Gobierno anuncie públicamente y con anticipación que excluirá un área de la Reserva Minera para que se desarrollen actividades de extracción y exploración de materiales. De esta forma, todas las empresas interesadas podrán participar y hacer los respectivos estudios, con el propósito de competir igualitariamente para lograr una concesión.
Pero a juicio de la directora de Recursos Minerales del MICI, el Gobierno tiene la prerrogativa de decidir si anuncia públicamente o no que se excluirá un área de la Reserva Minera. El Código Minero señala que el Gobierno "podrá" publicar en un periódico que se dispone a reincorporar una zona al régimen de concesiones, pero no dice que está obligado a hacerlo, apuntó Francia de Sierra.
No obstante, Pinilla insistió en que lo correcto sería que se otorgue la concesión a la empresa con mejor capacidad financiera y técnica.
Al respecto, Illueca respondió que "la Cámara Minera tiene una posición formada. La Asociación Panameña de Derecho Marítimo, en ocasión de la crisis planteada por el Hotel Decameron, le pidió al Ejecutivo que no se permitiera la extracción de arena submarina y que se levantara la Reserva Minera de El Valle para extraer arena continental".
El empresario explicó que el 18 de abril del año 2001 presentó ante la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) el estudio de impacto ambiental para la respectiva aprobación. El 19 de junio del año 2001 se hizo entrega a la ANAM de tres páginas originales del aviso de consulta pública, publicado durante tres días consecutivos en el diario La Estrella de Panamá, agregó.
El 18 de octubre de 2001 la empresa Rancho Bajo Robles, S.A., manifestó al Gobierno su interés por extraer arena continental en las mencionadas áreas, dijo Illueca. Sostuvo que la solicitud fue presentada en forma legal y tiene el respectivo sustento técnico.
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