Petroterminal de Panamá no cerrará operaciones

Petroterminal de Panamá S.A. negó ayer que cerrará operaciones, alegando que seguirá esperando que le liberen 5 millones 400 mil barriles de crudo que se le mantienen secuestrados.
El secuestro obedece a una orden emitida por el Primer Tribunal Marítimo, debido a un derrame de crudo en el sector atlántico.
Petroterminal es una empresa mixta formada por el Gobierno, que posee 40% de las acciones, y dos compañías norteamericanas, Northville Industries Corporation, que es la promotora del proyecto, y Chicago Bridge & Iron.
Esta acción, dijo el presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, Domingo Latorraca, puede producir una desaceleración de la economía y un efecto negativo en la ejecución de los nuevos negocios e inversiones que se desarrollan en el país.
Por su parte, Enzo Polo, presidente de la Cámara de Comercio de la provincia de Chiriquí, calificó la demanda como "injusta", alegando que las empresas originalmente incluidas en la demanda, ECOPETROL y CASTOR AMERICAS INC., "no mantienen productos de petróleo en PTP, lo que los obliga a asumir responsabilidades que no les corresponden".
Al respecto, se le consultó a la empresa sobre el dueño real del crudo, pero se informó que "no se puede revelar oficialmente los nombres de las empresas hasta que no se terminen las investigaciones del Tribunal Marítimo".
El jurista Guerra dijo ayer que le parece "chistoso" que Petroterminal le pida al tribunal que se abstenga de continuar con el secuestro, "cuando los moradores de las 16 islas de la provincia de Bocas del Toro, están enfermos y muriendo a consecuencia de la contaminación provocada por el derrame de petróleo".
Agregó que "debe darles vergüenza la manera fraudulenta con la cual han querido llevar las cosas" tratando de engañar a las autoridades de que PTP no mantiene en sus instalaciones petróleo de la empresa CASTOR AMERICAS (Ginebra) pero si de CARTO PETROLIUM (New York), " que es la misma compañía".
Guerra señalo que el Estado debe intervenir para establecer una demanda más alta por el perjuicio causado a los campesinos y al ecosistema, "además de querer engañar a las autoridades".
El 30% de los campesinos del área, señaló, han abandonado la pesca que utilizan para el sustento diario, ya que las aguas continúan contaminadas. Cientos de especies marinas y terrestres murieron días después del derrame, cobrando vidas que no se podrán recuperar, afirmó.