Familiares de ocho trabajadores despedidos con la Ley 25 de diciembre de 1990 y que fallecieron en espera de una compensación económica por los daños económicos, morales y sociales ocasionados por esta medida, esperan que la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, con sede en Costa Rica, acelere un fallo condenatorio en contra de Panamá.
Aunque no se ha especificado con claridad la cantidad de dinero que debe pagar el Estado panameño a los 270 trabajadores que interpusieron la demanda, los familiares de los fallecidos consideran que la parte económica, no compensa el dolor de haber perdido a sus familiares.
En este largo proceso, fallecieron, entre otros, Alexis Garibaldi, César Lorenzo, Luis Tuñón, Luis Cáceres, Víctor Araúz, Luis Melgarejo, Roberto Guerra, César Lorenzo, quienes laboraban en el IRHE, INTEL, el MOP, el Banco Hipotecario Nacional y el IDAAN, respectivamente.
Fernando Del Río Gaona, uno de los familiares de las víctimas de la Ley 25, señaló que los trabajadores fallecidos tuvieron sometidos a "stress" como consecuencia de no contar con los medios económicos para hacerle frente a compromisos como la educación de sus hijos, el pago de sus residencias, la atención de salud propia y de sus familiares que necesitaban tratamiento especializado aquí o en el extranjero.
Además esta situación trajo otro tipo de consecuencias que afectaron el seno familiar, porque ante la pérdida de sus hogares se produjeron divorcios, demandas y separaciones.
Se estima que unas 1,500 personas, incluyendo esposas, cónyuges e hijos, cambiaron radicalmente su forma de vida ante la pérdida de la fuente de empleo de sus padres o del soporte económico del hogar.
Recientemente, finalizó en San José el juicio en contra del Estado panameño, sin embargo, se espera que la sentencia se dicte en octubre y luego los trabajadores estarán a la espera de que el gobierno decida pagar la suma que le corresponde.
No obstante, cuando esa decisión se adopte, corresponderá a los familiares de ocho de las víctimas recibir la compensación económica que le corresponde.
Del Río Gaona señaló que quienes han sobrevivido en esta larga lucha, enfrentan problemas de morosidad en sus viviendas, se han truncado las carreras de sus hijos y también se dio el caso de quienes enfrentaron problemas con la justicia por las pensiones alimenticias.
Sobre esta situación, el padre Conrado Sanjur estimó que lo que está sucediendo con las víctimas y el mismo Estado es una lección con mucha enseñanza para todos, acerca del abuso de poder y también de los instrumentos legales que tienen los trabajadores.
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