Abogados del Partido Revolucionario Democrático (PRD) presentaron ayer un impulso procesal advirtiendo a la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia que han pasado 10 meses sin que resuelva la demanda de nulidad contra el decreto 124 de mayo de 2002 que reglamenta la Ley 6, de transparencia.
Tayra Barsallo, quien encabezó el equipo de juristas del PRD, dijo que la acción legal presentada el pasado 27 de marzo de 2003 está en manos del magistrado Winston Spadafora, pero a la fecha desconocen el atraso en decidir el referido recurso.
La demanda de nulidad se basa en que la actual reglamentación permite la existencia de secretismo gubernamental, además de violentar principios básicos de acceso a la información, pues a criterio de la abogada el contenido del artículo ocho del referido decreto se contrapone con el derecho de los ciudadanos comunes.
El decreto demandado señala textualmente que "para los efectos del artículo 11 de la ley No. 6 de 22 de enero de 2002, es persona interesada aquella que tiene relación directa con la información que solicita", disposición que para el equipo de abogados viola el derecho de otras personas que no esté ligada o vinculada con el asunto que se quiere solicitar.
"De esa forma no se puede obtener la información, mientras que la ley de transparencia establece que cualquier persona puede accesarla", explicó la jurista.
Los abogados basan su interés de agilizar el proceso de nulidad en las palabras del presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), César Pereira Burgos, quien manifestó, cuando asumió el cargo, su voluntad de evitar el término "engavetamiento" de los expedientes.
Barsallo recordó que Pereira Burgos aseguró que los jueces de todos los niveles tienen el deber de tratar con prontitud los expedientes que se les asignen, por lo que apelan ante la instancia judicial para que se agilice el tratamiento de la demanda.
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